Están en peligro más de 3.000 personas que viven en zonas aledañas.

La estructura está ubicada en el municipio de Cubará, Boyacá, pero también es clave para Norte de Santander y Arauca. 

Fueron lanzadas granadas explosivas en contra de la instalación.

Cancillería envió una carta a la ONU en la que acusa a gobierno venezolano de querer "desviar la atención internacional”.