El Gobierno de Gustavo Petro presentó oficialmente su nueva reforma a la salud, un proyecto que, aunque más reducido en extensión que el fallido intento anterior, mantiene los mismos principios y objetivos.
Esta reforma llegó después de que el Congreso rechazó la propuesta en la Comisión Séptima del Senado. A pesar de la resistencia política, el Gobierno sigue adelante con su propósito de transformar el sistema de salud del país, que ha sido objeto de críticas por su ineficiencia y falta de acceso en varias regiones. En concreto, se aprobaron un total de 21 artículos del total de 58 que propone la nueva reforma.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió el nuevo proyecto argumentando que "queremos construir una salud sin barreras, donde cada ciudadano, sin importar su ubicación o condición socioeconómica, pueda acceder a servicios de calidad". Este mensaje refleja la aspiración del Gobierno de cambiar profundamente la estructura del sistema de salud, que desde 1993 ha funcionado bajo el esquema de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
El modelo actual, basado en las EPS, ha sido criticado por su ineficacia en la gestión de recursos y en la prestación de servicios de salud. En muchos casos, las EPS no han logrado cubrir los costos de los servicios necesarios para sus afiliados, lo que ha llevado a varias a la quiebra y ha generado un aumento constante en la presión fiscal.
El nuevo proyecto propone una reestructuración radical de este sistema. En lugar de las EPS, que han funcionado como aseguradoras de salud, el Gobierno propone que estas entidades se conviertan en "Gestoras de Salud y Vida". Las Gestoras no serán responsables de manejar los recursos del sistema ni de actuar como aseguradoras, sino que se encargarán de la coordinación y supervisión de las redes de servicios de salud en el país.
Puedes leer: Cámara aprueba reforma laboral parcialmente; elimina artículos a favor del campesinado
Según el nuevo esquema, las Gestoras auditarán los servicios prestados por los hospitales y clínicas, asegurándose de que se cobren solo por los procedimientos necesarios. A cambio, recibirán un porcentaje del dinero destinado por el Estado para la salud de cada afiliado, que podría variar entre el 3.5% y el 8%, dependiendo de los resultados obtenidos.
Este cambio busca poner fin a las distorsiones generadas por el sistema actual, en el que las EPS están presionadas a maximizar sus utilidades, lo que a menudo se traduce en la negación de tratamientos o en la sobrecarga de costos para los usuarios.
En su lugar, el proyecto pone énfasis en la creación de redes integradas de servicios de salud (RIISS), que estarán coordinadas por las Gestoras en colaboración con las secretarías de salud distritales, municipales y departamentales. Esta red incluirá tanto hospitales públicos como privados, así como laboratorios y profesionales de la salud.
Otro de los aspectos clave de la reforma es el énfasis en la atención primaria. El Gobierno propone la creación de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), que se encargarán de proporcionar la atención básica a los ciudadanos.
Estos centros serán el primer punto de contacto para los pacientes y, en caso de requerir atención más especializada, serán los encargados de remitir a los pacientes a hospitales y clínicas de mayor complejidad, bajo la supervisión de las Gestoras.
Por otro lado, la reforma también contempla un cambio significativo en la administración de los recursos de salud. El proyecto establece que la estatal ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) se encargará de concentrar todos los recursos financieros, tanto los aportes de los trabajadores y empleadores como el presupuesto general del Estado destinado a salud.
La ADRES será responsable de hacer los pagos directamente a los prestadores de servicios de salud, eliminando la intermediación de las EPS.
Aunque la propuesta del Gobierno ha sido presentada con la intención de garantizar un acceso más equitativo y eficiente a los servicios de salud, no ha estado exenta de polémica. La oposición, que ya rechazó la reforma en su versión anterior, ha anunciado que impugnará el proyecto ante la Corte Constitucional en caso de que sea aprobado. Argumentan que la reforma afecta el núcleo del derecho fundamental a la salud, un argumento que se encuentra en el centro del debate.
Puedes leer: Reforma laboral fue aprobada por la Cámara; ¿cuáles serían los nuevos beneficios para los trabajadores?
Además, el Gobierno ha tenido que decidir si presentar el proyecto como ley estatutaria, lo que hubiera requerido una mayor mayoría en el Congreso, pero ha optado por no hacerlo.
En su lugar, el proyecto comenzará su tramitación en la Cámara de Representantes, donde el Gobierno tiene una mayor representación. De ser aprobado en la Cámara, el proyecto pasaría nuevamente por la Comisión Séptima del Senado, donde, al igual que en el intento anterior, se prevé una lucha política significativa.
📢 Entérate de lo que pasa en Colombia, sus regiones y el mundo a través de las emisiones de RTVC Noticias: 📺 míranos en vivo en la pantalla de Señal Colombia y escúchanos en las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia 📻.
