Te contamos más sobre los factores sociales, económicos y legales que han llevado a estos desalojos y su impacto en la comunidad.
Un operativo de desalojo realizado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en la isla de Tierrabomba ha causado polémica en la zona, pues los predios donde se comenzó la diligencia y en los que se seguirán adelantando desalojos no corresponderían al consignado en una sentencia de la Corte Constitucional que se está materializando, situación que, según denunciantes, despojaría de sus tierras a personas a las que ya les habían restituidos sus terrenos en cumplimiento del mismo fallo de tutela.
Predios de la isla Tierrabomba
“En el 2000, cuando estalló el escándalo de Dragacol, se decretaron unas medidas cautelares dentro de las que se encontraban el embargo y secuestro de unas posesiones que terminaron afectando cinco lotes que tenía Fernando Martínez Bohórquez”, indicaron los abogados de la firma EVB Abogados, la cual representa a varios de los afectados.Te puede interesar: Agencia Nacional de Tierras recuperó otro predio en Islas del Rosario
Y continuaron: “Después de eso, Fernando Martínez Bohórquez presentó una acción de tutela para que la Dirección Nacional de Estupefacientes, la cual fue remplazada por la SAE, le devolviera los cinco lotes en mención. Mediante la sentencia T1024 de 2012, dictada por la Corte Constitucional, se ordenaron dos cosas: la primera fue devolverle a Fernando Martínez única y exclusivamente los cinco lotes; y segundo, devolver a las personas que fueron desalojadas en el 2009 los inmuebles que tenían en posesión”. Continuaron afirmando que en el 2014 a varias personas les devolvieron sus terrenos, ya que eran poseedores legítimos. De acuerdo con los denunciantes, la SAE tiene en su poder las actas que darían fe de las devoluciones. “Con ocasión de un incidente de desacato que tramita, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó a la SAE este año que hiciera el alistamiento para la devolución de los terrenos; sin embargo, cuando sacan la Resolución 167 del 28 de abril de 2023, esta contiene unas coordenadas totalmente diferentes a las establecidas en la sentencia T1024, con lo que se configura una clara vía de hecho”, agregaron los abogados de la firma EVB. Los juristas mostraron preocupación por la situación al considerar que la decisión afecta las tierras que le fueron devueltas a poseedores de buena fe y que hoy pretende desalojarlos.¿Qué dijo la SAE sobre los desalojos en Tierrabomba?
A través de un comunicado a la opinión pública, la SAE se refirió a las motivaciones de las diligencias que se adelantan en Tierrabomba.Lee también: San Andrés: decreto para mitigar crisis económica en la isla
“Las diligencias que adelanta la Sociedad de Activos Especiales en la isla de Tierrabomba tienen el propósito de devolver las tierras que le corresponden al señor Fernando Martínez Bohórquez, de conformidad con lo establecido en las órdenes judiciales del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Estas diligencias deben agotarse antes del 30 de mayo de 2023, según el plazo fijado por el Tribunal Superior de Cundinamarca, para la devolución efectiva de los predios”, se lee en el documento conocido por El Universal.
Resaltaron que mediante resoluciones de inicio del 12 de junio de 2001 y del 16 de mayo de 2002, la Fiscalía 31 de Extinción de Dominio resolvió empezar el proceso de extinción de dominio, decretar medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre cinco globos de terreno de Martínez Bohórquez, dentro del proceso de extinción de dominio con radicado 1162.
“Es de señalar que la Sociedad de Activos Especiales, en el Gobierno del Cambio, antes de realizar cualquier diligencia de desalojo surte todos los procesos administrativos con terceros que estén ocupando de manera irregular los predios que tiene bajo su administración por la vía del diálogo. Esto con el fin de garantizar los derechos constitucionales de todos los actores inmersos en los procesos”, indicó la SAE.
Colprensa.
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