El migrante salvadoreño tenía estatus legal protegido, pero fue acusado de pertenecer a la pandilla MS-13, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.
La directora de Amnistía Internacional calificó la expulsión de 238 venezolanos de Estados Unidos a El Salvador como un "desprecio manifiesto en materia de Derechos Humanos".
El reciente anuncio del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre la disposición de su gobierno a recibir criminales estadounidenses y migrantes deportados en su megacárcel a cambio de una compensación económica ha generado una ola de críticas y preocupaciones en la comunidad internacional.