Desde julio de 2024, un juzgado argentino investiga a Álvaro Uribe por delitos de lesa humanidad ya que aceptó una querella interpuesta por un colectivo de abogados.

Estos bienes, que abarcan tierras que fueron arrebatadas a campesinos durante la violencia paramilitar, debieron haberse destinado a compensar a las víctimas del conflicto.

Con una inversión de 4.000 millones de pesos 91 familias de campesinos en Córdoba podrán trabajar en producción de miel y plátano tipo exportación.

La defensa de Uribe, liderada por el abogado Jaime Granados Peña, sigue preparando una estrategia para señalar que hay inconsistencias en su proceso.

Las audiencias comenzarán el próximo viernes 6 de septiembre y se extenderán durante varios días en septiembre y octubre.