La sentencia da respuesta a dos tutelas que alegaban la falta de participación ambiental y la omisión de la consulta previa; derechos fundamentales para las comunidades afrowilches.

Los jóvenes estuvieron privados de su libertad por más de 2 años, fueron acusados en el marco del estallido social de terrorismo y secuestro.

La Corte tomó la decisión argumentando hechos de agresión, amenazas, persecución y otras acciones violentas en contra del colectivo de abogados. La decisión se tomó en Costa Rica y se leyó en el Centro de Memoria Histórica en Bogotá.