La decisión se tomó tras las amenazas denunciadas por el empresario por anunciar su colaboración con la justicia.

La fiscal Andrea Muñoz confirmó que existen intenciones de suministrar información relevante sobre este caso.

Al contratista se le imputaron los delitos de fraude procesal y falsedad en documentos privados.

El pedido se realizó al advertir burlas a la justicia e incumplimiento de sus obligaciones como condenado.

Así se desarrolló la audiencia por su presunta participación en la adjudicación del contrato entre MinTIC y Centros Poblados.