La exministra de Transporte Cecilia Álvarez Correa no aceptó hoy los cargos que le imputó la Fiscalía por el delito de interés indebido en celebración de contratos, concretamente en provecho de terceros, en el marco del escándalo de Odebrecht. En audiencia, desarrollada durante la mañana de este jueves en el Tribunal Superior de Bogotá y ante el magistrado Efraín Bermúdez, el fiscal Gabriel Jaimes expuso a lo largo de más de dos horas los argumentos jurídicos del ente investigador para acusar a Álvarez. Jaimes, por momentos, tuvo problemas de conexión a internet que no le restaron fuerza a su línea acusatoria.
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Lo que ya sabía Cecilia Álvarez
Según el ente acusador, la exjefa de cartera de Transportes y Comercio, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, favoreció los intereses de la multinacional brasileña Odebrecht en dos otrosíes firmados durante la construcción de la Ruta del Sol II. Asimismo, les cedió el permiso, con una resolución de julio de 2014, de instalar dos nuevos peajes y aumentar las tarifas para pasar por otros cinco.
Principalmente, la irregularidad llegó al adicionar el tramo que va de Ocaña (Norte de Santander) hasta Gamarra (Cesar). De acuerdo con Jaimes, el objeto del contrato inicial no contemplaba esa parte de la ruta, así que, para poder invertir en ella, debía abrirse otro proceso de licitación pública, además de pedir autorización al Consejo Superior de Política Fiscal y al Consejo Nacional de Política Económica y Social, algo que no se realizó.
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Para el órgano investigador, la exministra Álvarez tenía interés personal en favorecer la construcción de un puerto en Gamarra, dado que antes de ocupar esa cartera fue parte de la junta directiva de Cartagena II SA, una sociedad que quería ese proyecto. Además, mantuvo una relación sentimental con la también exministra Gina Parody, cuyos familiares presuntamente también tenían intereses en la ruta. Álvarez, según el relato de la Fiscalía, sabía que los otrosíes eran inviables, no solo por su conocimiento como Ministra, sino porque lo consultó con el Consejo de Estado. Sin embargo, antepuso sus “intereses privados” y “actuó de forma dolosa”, con un “claro conocimiento e interés en violentar normas”. “La doctora Álvarez, teniendo pleno conocimiento de que no era posible celebrar esos otrosíes al construir un nuevo proyecto de infraestructura que debía ser licitado, obvió esa circunstancia y coadyuvó, de forma eficaz, a que el pacto ilícito suscrito entre la Ani y la concesión Ruta del Sol pudiera ejecutarse”, afirmó el fiscal Jaimes. Colprensa.Más información: Colombia Mayor inicia su quinto pago del 2023: ¿cómo conseguirlo?
