El acusado habría dirigido comentarios que lesionaron la integridad personal y el derecho a no ser discriminada por motivos raciales de la vicepresidenta.

El pronunciamiento surge luego de que se conociera públicamente sobre seguimientos y escuchas no autorizadas al despacho de algunos magistrados.

La investigación inició a raíz de una denuncia que señala la existencia de financiación ilegal y gastos no reportados durante la campaña electoral de 2022.

La Corte de Suprema hizo el llamado para tratar el hacinamiento que hay en estaciones de policía y URI. MinJusticia, Fiscalía e Inpec atendieron la reunión.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, ambos intentaron influir en testigos a favor del expresidente Álvaro Uribe.