El Ministerio de Minas y Energía anunció la intervención de la empresa Air-e, que presta el servicio de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. La decisión, que fue confirmada por el ministro Andrés Camacho, se da en medio de una crisis financiera que afecta tanto a la empresa como a los usuarios, quienes enfrentan tarifas desproporcionadamente altas y un servicio deficiente. La intervención busca poner fin a los abusos y garantizar que la población de la Costa Caribe reciba un suministro de energía adecuado y a un costo justo.
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Mal servicio y altas tarifas: las principales quejas
Air-e ha sido señalada en repetidas ocasiones por el mal manejo en la prestación del servicio eléctrico. En los últimos tres años, la empresa ha acumulado más de 115.000 quejas ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, lo que la convierte en la compañía con más reclamaciones en la región. Estas denuncias abarcan desde fallas constantes en el servicio hasta facturas excesivamente altas, que en algunos casos han duplicado o incluso triplicado lo que los usuarios solían pagar cuando operaba Electricaribe.
Un claro ejemplo de estos excesos lo representan las facturas de usuarios en Barranquilla. En el estrato uno, una persona paga más de 100.000 pesos mensuales, mientras que en el estrato dos, el monto asciende a casi 300.000 pesos. Los hogares de estratos más altos pueden llegar a recibir facturas que superan los 2 millones de pesos mensuales. El sector industrial, que consume mayores cantidades de energía, enfrenta costos mensuales de hasta 40 millones de pesos, cuando lo habitual rondaba los 15 o 20 millones antes de la llegada de Air-e.
Este aumento en las tarifas, según la empresa, se debe al incremento en los precios de la energía en la bolsa, el mercado donde se compran y venden estos recursos en Colombia. No obstante, organizaciones como la Liga de Usuarios de Servicios Públicos de la Costa Caribe argumentan que la verdadera causa es la falta de inversión en infraestructura básica, como los medidores de energía y las redes de distribución, lo que genera pérdidas y sobrecostos que terminan siendo trasladados a los consumidores.
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El entramado detrás de Air-e
La situación actual de Air-e tiene sus raíces en la liquidación de Electricaribe en 2020, cuando el gobierno del entonces presidente Iván Duque decidió ceder la operación de la empresa a un consorcio liderado por el empresario Alberto Ríos Velilla, conocido por su control sobre diversas empresas de servicios públicos en el país. Desde entonces, Air-e ha estado bajo la lupa por su mal manejo y por las acusaciones de nepotismo y corrupción en su administración.
Ríos Velilla, quien también fue señalado en los Panamá Papers por su participación en empresas offshore, ha sido criticado por utilizar un entramado de empresas familiares y de amigos para eludir responsabilidades y extraer recursos del sector público. Su hijo, Felipe Ríos Londoño, y otros familiares cercanos han estado involucrados en escándalos de contratación irregular y corrupción, lo que ha generado aún más desconfianza entre la ciudadanía.
A pesar de las reiteradas denuncias, la empresa ha continuado operando con un modelo financiero insostenible que, según Ríos Velilla, le ha generado pérdidas significativas. En respuesta, Air-e solicitó al gobierno que asumiera el control de la empresa, argumentando que ya no era viable económicamente. No obstante, el paradero de los recursos públicos entregados a Air-e tras la liquidación de Electricaribe sigue siendo un misterio.
En este complejo panorama, nada menos que la esposa de Velilla, la conocida periodista Darcy Quinn, ha compartido en la red social X un artículo periodístico en el que la empresa Air-e manifiesta las razones de su mal momento financiero y justifica su accionar culpando a un "mercado desbalanceado y volátil", y a un sistema que no permite la compra de energía a "precios justos".
La intervención del gobierno
La intervención de Air-e forma parte del compromiso del presidente Gustavo Petro de reducir las tarifas de energía en la Costa Caribe, una de las regiones más afectadas por los altos costos del servicio. Durante su mandato, Petro ha tomado medidas para modificar las regulaciones del mercado energético a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), con el fin de proteger a los usuarios y evitar que el mercado se "apodere de los derechos de la gente", como señaló el ministro Camacho.
El gobierno también ha expresado su intención de garantizar que las inversiones en infraestructura eléctrica se realicen de manera adecuada para mejorar la calidad del servicio en la región. Esto incluiría la modernización de las redes eléctricas y la implementación de tecnologías más eficientes para reducir las pérdidas técnicas y los costos asociados.
Sin embargo, la tarea no será fácil. La empresa Air-e ha dejado una estela de desconfianza y problemas financieros que el gobierno deberá abordar con urgencia para evitar que la situación empeore. La intervención es solo el primer paso en un proceso que busca devolver la estabilidad al servicio eléctrico de la Costa Caribe, una región que durante décadas ha sufrido los efectos de una gestión deficiente y la falta de inversión en sus sistemas energéticos.
Evidentemente, la intervención de Air-e es una medida necesaria para frenar los abusos que han afectado a miles de usuarios en el Caribe colombiano. La esperanza ahora recae en que el gobierno logre implementar soluciones estructurales que no solo reduzcan las tarifas, sino que también mejoren la calidad del servicio en una región que ha estado al borde del colapso energético durante demasiado tiempo.
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