Las víctimas, identificadas como Steven Medina, Nehemías Arboleda, Ismael Arroyo y Josué Arroyo, habían salido a jugar fútbol el pasado 8 de diciembre, cuando fueron detenidas por militares en el barrio de Las Malvinas y, semanas después, sus restos fueron encontrados en Taura, cerca de una base militar. Este caso, calificado como desaparición forzada, es un reflejo inquietante de la crisis de seguridad que enfrenta el país.
🚨🇪🇨Ecuador enfrenta otro año de violencia criminal y violaciones de los derechos humanos. Entre ellas, desapariciones forzadas, las cuales tienen un subregistro de acuerdo con organizaciones sociales. pic.twitter.com/jgHnC8c7hY
— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) January 3, 2025
Un caso que sacude al país
La desaparición de los menores, presuntamente por miembros de las Fuerzas Armadas, generó indignación nacional e internacional. Según los reportes, los niños habrían sido arrestados bajo sospecha de robo y trasladados a una base militar, de donde no regresaron.
La Fiscalía ha procesado a 16 miembros de la Fuerza Aérea por su presunta implicación, y un juez ordenó su prisión preventiva. Sin embargo, las familias de las víctimas y la sociedad ecuatoriana claman por respuestas más contundentes y un compromiso real para evitar que hechos similares se repitan.
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Durante los funerales, el dolor de los familiares se mezcló con el enojo de cientos de asistentes que exigieron justicia y un alto a la violencia desbordada. Mientras tanto, la Asamblea Nacional declaró tres días de luto en memoria de las víctimas, un gesto simbólico que muchos consideran insuficiente frente a la gravedad de los hechos.
La violencia, una sombra creciente
El caso de los niños desaparecidos no es un incidente aislado. Desde el inicio del actual gobierno, Ecuador ha enfrentado un incremento alarmante en los índices de violencia, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas y conflictos relacionados con el narcotráfico.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la tasa de homicidios en 2024 se duplicó en comparación con el promedio registrado durante el último mandato de Rafael Correa (2007-2017), periodo en el que el índice oscilaba entre 5 y 7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para 2024, esa cifra superó los 15 homicidios por cada 100.000 habitantes.
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Este incremento de la violencia se atribuye a varios factores: el fortalecimiento de las bandas criminales, el debilitamiento institucional y una percepción de impunidad que ha permeado en diversas esferas del sistema judicial y de seguridad. Durante el gobierno de Correa se implementaron políticas de seguridad integrales que redujeron significativamente la criminalidad, incluyendo un fortalecimiento de la Policía Nacional y una mayor inversión en inteligencia.
Crisis institucional y derechos humanos: presidente Petro se pronuncia
El caso de Guayaquil ha puesto en evidencia las tensiones entre las Fuerzas Armadas y las instituciones de derechos humanos en Ecuador. Organismos internacionales han advertido sobre el riesgo de militarizar la seguridad ciudadana, una medida que, aunque busca combatir la violencia, puede derivar en abusos como el que se presume ocurrió en este caso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación y solicitado al gobierno ecuatoriano garantizar una investigación transparente e independiente.
El presidente Gustavo Petro también reaccionó al hallazgo de los cuerpos en Guayaquil. Con un mensaje que aludió tanto a la situación de exclusión social y racial que enfrentan las comunidades afrodescendientes, como a la necesidad de un cambio en la relación entre las fuerzas armadas y las poblaciones vulnerables, Petro afirmó: "Colombia ha visto esto que se narra aquí, una y otra vez: militares matando niños negros. Racismo y exclusión juvenil juntos. Será la justicia del Ecuador la que determine responsabilidades".
Así mismo, el mandatario aprovechó para contrastar esta tragedia con un episodio reciente en Colombia, en el que cuatro niños indígenas fueron rescatados por militares tras permanecer más de 40 días perdidos en la selva. Según el primer mandatario, ese acto marcó un momento de reconciliación y unión entre las fuerzas armadas y las comunidades indígenas, un camino que, en sus palabras, debe ser el ejemplo a seguir: "Cuando en Colombia indígenas y militares se juntaron para recibir de la selva 4 niños para la vida, se marcó un nuevo destino entre las armas públicas y el pueblo: ahí es donde militares y pueblos se juntan. Es la Vida el puente de la unión."
🚨🇪🇨La muerte de cuatro menores en Ecuador, tras ser detenidos por militares, generó indignación regional.
🇨🇴🗣️El presidente @petrogustavo comparó el caso con hechos similares en nuestro país.
📻Ahora en convergencia con @RadNalCo. pic.twitter.com/KyxChEH4kH— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) January 3, 2025
Un llamado a la acción
El gobierno ecuatoriano enfrenta una encrucijada: recuperar la confianza ciudadana en las instituciones mientras implementa políticas efectivas para contener la violencia. Sin embargo, los críticos señalan que las respuestas hasta ahora han sido insuficientes y fragmentadas. Los casos como el de los cuatro niños asesinados no solo evidencian la falta de control sobre las fuerzas de seguridad, sino también la urgencia de priorizar los derechos humanos en la estrategia de seguridad nacional.
Mientras el país llora a las víctimas de esta tragedia, la pregunta que queda en el aire es si Ecuador podrá revertir la escalada de violencia y recuperar la paz que caracterizó años anteriores. La respuesta no solo dependerá de las acciones del gobierno, sino también de la capacidad de la sociedad para exigir justicia y construir un futuro en el que hechos como este no vuelvan a repetirse.
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