Este jueves 10 de octubre, Argentina vive una jornada de protestas en el sector educativo debido al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, que fue ratificado en el Congreso el día anterior. Docentes y estudiantes de todo el país han organizado una huelga y tomas en diversas universidades para exigir la restauración de los fondos, destinados principalmente a ajustar los salarios frente a la creciente inflación.
El veto presidencial, confirmado por la Cámara de Diputados, ha generado un fuerte rechazo en la comunidad universitaria. La ley, aprobada originalmente el 13 de septiembre, establecía un aumento en el presupuesto de las universidades públicas para hacer frente a la inflación, que en agosto alcanzó un 236,7% interanual. A pesar de su importancia, el gobierno argumentó que la medida comprometía el equilibrio fiscal, un pilar de su política económica. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto de la ley sería del 0,14% del PIB, pero el Ejecutivo decidió vetarla.
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Un intento de arancelar la educación
Los sindicatos docentes, como la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), han sido claros en su oposición, afirmando que esta decisión busca debilitar la educación pública y hacerla inaccesible para quienes no pueden pagar. "No es un problema financiero, es un intento de arancelar la educación", declaró Carlos De Feo, secretario general de CONADU. A esta protesta se han sumado miles de estudiantes, que han tomado más de 20 sedes universitarias para discutir las próximas acciones.
La huelga ha paralizado a la mayoría de las universidades del país, entre ellas la Universidad de Buenos Aires (UBA), considerada una de las mejores de América Latina. "La UBA está de luto", expresó la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) en un comunicado, mientras se desarrollaban asambleas en las diferentes facultades.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, criticó duramente la decisión del gobierno. "Si hay recursos escasos, hay que priorizar lo mínimo indispensable para que la universidad funcione bien, y eso incluye salarios dignos", declaró, resaltando que el 70% del personal docente y no docente cobra salarios por debajo de la línea de pobreza.
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La universidad pública argentina es gratuita desde 1949
Por su parte, el gobierno defendió la medida. Manuel Adorni, vocero presidencial, destacó que se otorgará un aumento del 6,8% en octubre para el personal universitario, aunque los sindicatos lo consideran insuficiente dado el contexto de inflación.
La comunidad universitaria advierte que la falta de fondos pone en riesgo no solo la calidad educativa, sino también la accesibilidad al sistema. Desde 1949, la educación universitaria pública en Argentina ha sido gratuita, permitiendo que millones de personas accedan a la formación superior. Este modelo, que ha generado figuras como cinco premios Nobel, enfrenta ahora una amenaza que podría cambiar su esencia.
Las protestas continúan y se espera que los sindicatos tracen un plan de acción para mantener la presión sobre el gobierno en defensa de la universidad pública.
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