Los uniformados, pertenecientes a la Fuerza Omega del Ejército, fueron capturados mientras realizaban labores de control y presencia institucional en una región marcada por los conflictos derivados del narcotráfico y la violencia armada.
La retención se produjo en el marco de un "cerco humanitario", según lo denominaron los líderes de la Guardia Campesina. Este acto, que generó preocupación y tensión a nivel nacional, tenía como objetivo presionar al gobierno para que aumentara la inversión social y la presencia estatal en la zona.
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La liberación de los militares fue posible gracias a una comisión humanitaria integrada por la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, la Defensoría del Pueblo y diversas autoridades locales y departamentales.
Durante las negociaciones, tanto la comunidad como los funcionarios locales hicieron énfasis en el carácter pacífico del cerco humanitario, destacando que la acción no pretendía ser una confrontación con el Estado, sino una llamada urgente de atención.
Las Fuerzas Militares, que han mantenido una presencia constante en la región, afirmaron que continuarán desplegadas y que sus operaciones contra la criminalidad se mantendrán de manera ininterrumpida. "Sacar la fuerza pública es quedar a merced de los delincuentes", advirtieron los militares, reiterando su compromiso con la seguridad de la población.
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Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, incluyendo la responsabilidad de la Guardia Campesina en la retención de los militares.
Este proceso judicial será crucial para determinar si el cerco humanitario, aunque presentado como una acción pacífica, cruzó líneas legales y puso en riesgo la vida de los uniformados.
La respuesta del gobierno a las demandas de inversión social será determinante para evitar que situaciones similares se repitan y para avanzar en la construcción de una paz duradera en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en el país.
