La decisión fue tomada por la sección tercera del Consejo de Estado.
La sección tercera del Consejo de Estado tumbó la millonaria sanción por cerca de 800.000 millones de pesos que impuso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el concesionario a cargo de la ruta del Sol II, en el caso de corrupción de Odebrecht. Según argumentaron los magistrados en la decisión, el Tribunal no era competente para proferir esta sanción y que resolver estos asuntos de fondo le corresponden al juez natural del contrato que sería el tribunal de arbitramento.
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Cabe recordar que esta millonaria sanción fue una de las más altas emitidas por la justicia contra la multinacional brasileña Odebrecht. En 2018, el tribunal acogió la petición de la Procuraduría General de la Nación, en la que solicitó la adopción de medidas cautelares para garantizar la viabilidad del proyecto Ruta del Sol, ante los graves hechos de corrupción en materia de contratación pública. Por esta razón decidió garantizar la protección de la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público.Más sobre este caso de Odebrecht
El tribunal acogió la petición de la Procuraduría General de la Nación, en la que solicitó la adopción de medidas cautelares para garantizar la viabilidad del proyecto Ruta del Sol, ante los graves hechos de corrupción en materia de contratación pública, por lo cual decidió garantizar la protección de la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público.
La decisión llegó al Consejo de Estado, quien echo de tajo la millonaria multa y la inhabilidad impuesta contra los implicados en la ruta del Sol II que no podían contratar con entidades oficiales de Colombia por un término de diez años.
En la decisión conocida, también se tomaron otras decisiones con respecto a la decisión inicial del Tribunal.
“Revócase parcialmente el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia en relación con la declaratoria de responsabilidad por la vulneración de los derechos colectivos al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y a la libre competencia económica, salvo en relación con la ANI, de Gabriel Ignacio García Morales y de Otto Nicolás Bula Bula, porque estas decisiones no fueron apeladas”, se lee en la decisión.
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Por estos mismos hechos de corrupción de la multinacional brasileña, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso también en su momento sanciones monetarias por 300.000 millones de pesos y el Tribunal de Arbitramento descontó cerca de $ 1.8 billones de pesos del cálculo efectuado por un perito (Duff & Phelps) como valor a reconocer a la Concesionaria Ruta del Sol por las obras ejecutadas antes de que se conocieran los hechos de corrupción. Colprensa.
