La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, lanzó una advertencia contundente al gobierno de Estados Unidos hace algunas semanas, señalando que su administración considerará cerrar las bases militares estadounidenses en territorio hondureño si el presidente electo Donald Trump cumple con su plan de deportaciones masivas.
"Frente a una actitud hostil de expulsión masiva de nuestros hermanos, tendríamos que reconsiderar nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el ámbito militar", afirmó Castro en un mensaje dirigido a la nación. En particular, mencionó la Base Aérea de Soto Cano, conocida como Palmerola, que alberga a la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando Sur de EE. UU. desde 1982.
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Las declaraciones de Castro surgen como respuesta a la postura de Trump, quien ya psuo en marcha las deportaciones. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, alrededor de 560.000 hondureños viven en Estados Unidos sin estatus legal. De ellos, al menos 150.000 podrían ser localizados y expulsados rápidamente, lo que impactaría severamente a familias y comunidades hondureñas.
Honduras es uno de los países más afectados por la migración irregular hacia Estados Unidos, junto con Guatemala y El Salvador. La mandataria destacó que los migrantes hondureños contribuyen significativamente a la economía estadounidense y pidió un enfoque más "dialogante y amistoso" por parte de la administración Trump. Mientras tanto, expertos advierten que el cierre de bases militares podría tensar aún más las relaciones entre ambos países, afectando no solo la cooperación en seguridad, sino también en otros sectores clave.
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