La Procuraduría General hizo un llamado a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para que gestione un diálogo constructivo con los 13 pueblos indígenas asentados en el Parque Nacional desde hace 20 días. El órgano de control recomendó que se realice preferiblemente a través de las mesas técnicas propuestas por las autoridades indígenas, con el objetivo de revisar los compromisos plasmados en el Plan de Desarrollo Distrital (2020-2024). Para la Procuraduría, “es pertinente recomendarle la debida gestión y apertura al diálogo” en atención a la solicitud de las comunidades indígenas, cuya demanda social se deriva de las acciones concertadas y protocolizadas con la Secretaría Distrital de Gobierno en el Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI 2020 - 2024", mediante el cual se determinó el enfoque diferencial étnico.
Bogotanos se solidarizaron con los indígenas Embera del Parque Nacional
Según lo establecido en dicho plan, “se realizará el proceso de concertación y construcción conjunta con los pueblos y comunidades étnicas asentados en el Distrito, que conduzca a la inclusión de programas, planes y proyectos específicos; metas, indicadores, tiempos, responsables y asignación presupuestal dirigidos a la población étnicamente diferenciada”. El ministerio público recordó el deber que le corresponde a la alcaldesa de “cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo”, al igual que de los planes de las entidades territoriales que se adopten con el fin de garantizar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de sus funciones. En cuanto al retorno, reubicación e integración de los pueblos indígenas, el organismo de control lideró este martes una mesa de trabajo institucional con la Unidad para las Víctimas, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo y Personería de Bogotá, para verificar los avances frente al retorno, reubicación e integración de los pueblos indígenas. La petición del órgano del control se hace “en aras de velar por las garantías mediante las cuales el Estado otorga protección especial a la vida digna, salvaguarda de los derechos fundamentales, integridad y pervivencia física y cultural de los pueblos étnicos”. Colprensa.
