Nuevamente el debate se centra sobre las evidencias que ha recopilado, por orden de la Corte del CTI, de la Fiscalía. Estamos hablando precisamente de las interceptaciones telefónicas al celular del entonces senador Álvaro Uribe Vélez donde sostenía conversaciones con su abogado, Jaime Granados, y que ya habían sido solicitadas ser excluidas por Jaime Granados y por la Procuraduría, pero que esta jueza y otras instancias judiciales ya habían admitido declarándolas legales.
La apelación fue remitida ante el Tribunal Superior de Bogotá que nuevamente entra en juego en este juicio y ahora deberá definir si las interceptaciones a los teléfonos del entonces senador Uribe Vélez pueden ser tenidas en cuenta en su juicio.
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Jaime Granados enfatizó que las grabaciones incluyen conversaciones protegidas por el secreto profesional entre Uribe y su abogado, lo cual, según él, representa una violación directa a los derechos de su cliente. Además, argumenta que la jueza encargada del caso ha cometido errores al interpretar las normas aplicables a estas pruebas.
“Ciertamente, los honorables magistrados, en la primera de los motivos de disconformidad, se refiere justamente al aspecto central de este proceso de las exclusiones que le fueron negadas. Y para ello, nos refirimos en primer lugar al primer grupo que tiene que ver con las interceptaciones telefónicas del doctor Álvaro Uribe Vélez”, afirmó Jaime Granados, abogado de Álvaro Uribe Vélez.
👩🏼⚖️📞 Defensa de víctimas y Procuraduría @PGN_COL presentan nueva apelación en el caso contra Álvaro Uribe para determinar si las llamadas interceptadas pueden ser presentadas como prueba.
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Por su parte, el procurador delegado Bladimir Cuello señaló que al menos 28 interceptaciones incluyen comunicaciones que deberían estar protegidas por el secreto abogado-cliente. Cuello subrayó que estos elementos ya habían sido detalladamente explicados en la solicitud de exclusión presentada por el Ministerio Público.
“A la exclusión de las 28 interceptaciones de comunicaciones que se suscitaron entre abogado y cliente y que fueron relacionadas con la solicitud de exclusión en detalle por parte de este delegado del ministro público”, aseguró Bladimir Cuello, procurador delegado.
Entre los argumentos ya presentados por defensa y Procuraduría, se señala una supuesta violación al secreto profesional; etapa que ya fue discutida por la corte y otras instancias judiciales que han conocido el proceso.
También, que la juez que hoy preside el caso, ha hecho una mala interpretación de las normas sobre las señaladas interceptaciones.
El Tribunal Superior de Bogotá será ahora el encargado de decidir si las interceptaciones pueden mantenerse como prueba en el juicio contra el expresidente. Este punto resulta central en el caso, ya que las grabaciones han sido utilizadas para fundamentar algunas de las acusaciones clave en el proceso.
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