En el dinámico y consciente entorno empresarial de hoy, los derechos humanos (DD.HH.) se han convertido en un componente esencial para asegurar el éxito sostenible de las operaciones y, por lo tanto, en un desafío para las empresas que aún están aprendiendo a trabajar en territorios donde conviven diferentes tipos de comunidades.
De esta forma, en Colombia, un país firmante del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la consulta previa emerge como una herramienta vital para garantizar que los derechos de las comunidades indígenas y afrocolombianas sean respetados y promovidos.
Guillermo Pattigno, gerente general de ACD Consultores, organización que trabaja de la mano con compañías y comunidades para llevar adelante un debido proceso en cada territorio, explica que la consulta previa es un derecho fundamental que asegura que los pueblos indígenas y afrodescendientes en Colombia y Latinoamérica sean consultados antes de la implementación de proyectos que puedan afectar sus territorios, cultura y modo de vida.
“Este proceso, consagrado en múltiples instrumentos internacionales, no solo protege los DD.HH., sino que también beneficia a las empresas y comunidades involucradas, promoviendo un desarrollo sostenible y respetuoso. Facto, que se hace cada año más fundamental, teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, destaca el directivo.
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La consulta previa no solo es un requisito legal en Colombia, sino también una estrategia efectiva para construir relaciones sólidas y de confianza entre las empresas y las comunidades.
Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 4.4% de la población colombiana se identifica como indígena y el 9.34% como afrocolombiana. Esta diversidad hace que la consulta previa sea indispensable para cualquier proyecto de inversión que busque ser inclusivo y respetuoso con los derechos humanos.
Pattigno explica que, para una consulta previa, llevan a cabo un proceso integral que incluye una evaluación inicial o análisis de entorno para identificar a las comunidades susceptibles de ser afectadas directa e indirectamente por el proyecto, obra o actividad a desarrollar.
A partir de ahí, diseñan una estrategia de consulta adaptada a la jurisprudencia y particularidades del entorno, facilitando así el diálogo abierto y transparente mediante espacios de participación donde todas las partes pueden expresar sus inquietudes y expectativas.
De esta forma, se identifica y mitiga riesgos al involucrar a las comunidades desde el principio, anticipando y abordando posibles conflictos, evitando así costosos retrasos y litigios.
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