Acuerdo de Escazú

Corte declara constitucional el acuerdo de Escazú incluyéndolo en el orden normativo del país

Foto: X: @juanpasierra11
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El Acuerdo busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en temas ambientales, protegiendo a los defensores del medio ambiente.

La Corte Constitucional de Colombia ha declarado la constitucionalidad del "Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe", conocido como el Acuerdo de Escazú. Esta decisión se tomó tras la revisión de la Ley 2273 de 2022, que aprobó el tratado internacional, y se dio por unanimidad en la Sala Plena.

En su análisis, la Corte verificó que tanto la fase previa gubernamental como el proceso legislativo cumplieron con los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley. Se concluyó que no era necesario realizar una consulta previa con las comunidades étnicas diferenciadas, dado que el Acuerdo no regula aspectos que afecten directamente a estas comunidades.

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El Acuerdo se enfoca en la implementación de derechos de acceso a la información, la participación pública, y la justicia en temas ambientales, así como en la protección de defensores del medio ambiente, cuestiones que son de interés para toda la ciudadanía colombiana.

Además, la Corte consideró que el Acuerdo se ajusta a la Constitución en varios aspectos clave. En primer lugar, garantiza la participación ciudadana y la protección de los derechos ambientales, lo que corresponde con artículos fundamentales de la Constitución.

En segundo lugar, busca crear un entorno seguro para los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Por último, la estructura institucional propuesta para la implementación del Acuerdo concuerda con los principios constitucionales de Colombia.

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Finalmente, la Corte decidió declarar exequible tanto el Acuerdo de Escazú como la Ley 2273 de 2022, y comunicó esta sentencia al Presidente de la República y al Presidente del Congreso para que tomen las acciones correspondientes.


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