Estos bienes, que abarcan tierras que fueron arrebatadas a campesinos durante la violencia paramilitar, debieron haberse destinado a compensar a las víctimas del conflicto.
La petición de Granados se basaba en supuestas irregularidades por parte de la Fiscalía al momento de judicializar al exmandatario por presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigos.