Luego de prevalecer en un intrincado proceso legal iniciado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minero Petroquímica Agrocombustible y Energética (SINTRAMINERGETICA), el Estado le ahorró a los colombianos un desembolso colosal.

La decisión se tomó porque presentan situaciones críticas de orden jurídico, económico y administrativo.