Más de 200 familias de excombatientes de la disidencia de las Farc, incluidas 86 mujeres y cerca de 80 niños y niñas, que vivieron durante varios años en el antiguo Espacio de Capacitación y Reordenamiento Territorial (ETCR) del departamento del Meta, Mariana Páez, tuvieron que huir allí debido Amenazas de las disidencias de las Farc.
El Comité Nacional de Reincorporación del partido Comunes, denunció este miércoles 15 de marzo en un comunicado, que tras años de que estas personas formaran familias, desarrollaran proyectos productivos y construteran viviendas, ahora tienen que ceder su territorio.Este espacio sesiona en medio de la difícil situación que afronta el país en distintos territorios, entre ellos, el desplazamiento de más de 200 familias de población reincorporada, incluidas mujeres cabezas de hogar, niños, niñas y adultos mayores en el ETCR de Mesetas, Meta. pic.twitter.com/VcSP6IY8ho
— Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz (@UAcuerdoPaz) March 15, 2023
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“Desde este espacio en el que construimos familia, fortalecimos lazos de hermandad con las comunidades y batallamos contra la inclemencia y la desidia de gobiernos que quisieron hacer trizas la paz, hoy con la zozobra de nuestra comunidad y con los hijos e hijas de la paz tomados de las manos y algunos en brazos, debemos salir con nuestra moral en alto y con un niño o niña que pregunta ¿por qué?”, denunció el Consejo Nacional de Reincorporación.
Pérdidas a causa del desplazamiento forzado por parte de las disidencias de las Farc
Los proyectos productivos perdidos por este desplazamiento incluyen la transformación de caña de azúcar, turismo comunitario, venta de bienes y servicios, cultivos de café y sus derivados, además de dos tipos de ganadería, e infraestructura desarrollada durante los seis años de implementación del Acuerdo Final de Paz.
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Ante esta situación, recurrieron al Presidente de la República, Gustavo Petro, al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, a la directora de la unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Quartas, a la directora de la Agencia para la Reestructuración y Normalización, Alejandra Miller, a la comunidad internacional, la Comisión de Estados Garantes y la Segunda Misión de Verificación de las Naciones Unidas, para garantizar el derecho a la vida de los firmantes, y verificar las condiciones para obtener una paz total en los territorios.
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“La paz total no existirá si los y las firmantes de paz somos violentados. Ese debe ser uno de los puntos innegociables con los grupos que están buscando hacer parte del proceso, nosotros y nosotras no tenemos armas, que no nos traten de igual a igual. Los tiempos cambiaron. ¡No más firmantes de paz asesinados! ¡No más firmantes de paz desplazados! ¡No más firmantes de paz desterrados! Que paren ya debería ser el mandato”, dice el comunicado.
