Los constantes enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC han desencadenado una nueva crisis humanitaria en la región del Catatumbo.
Este 17 de enero, cerca de 200 personas abandonaron el municipio de El Tarra en una caravana, buscando refugio en Ocaña y otros sectores aledaños ante la falta de garantías de seguridad en sus hogares.
Alertas pasados
La Defensoría del Pueblo llevaba años advirtiendo sobre la crítica situación de derechos humanos en el Catatumbo. Según la defensora del Pueblo, Iris Marín, desde noviembre de 2023 se emitió una alerta inminente por el aumento de la violencia en la región.
"Lamentablemente, nuestras advertencias no evitaron esta crisis. Es urgente que las instituciones respondan de manera coordinada para proteger a estas comunidades", expresó Marín.
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Los municipios de Teorama, Convención, La Gabarra y Tibú son los principales escenarios de los enfrentamientos, originados por la disputa territorial entre el ELN y las disidencias de las FARC, conocidas como estructura Calarcá. Ambos grupos buscan el control de las rutas de narcotráfico que cruzan esta estratégica y selvática región fronteriza con Venezuela.
Impacto humanitario
La violencia en el Catatumbo no solo ha generado desplazamientos, sino también confinamientos en varias comunidades que temen quedar atrapadas en medio de los enfrentamientos. Este panorama se suma a los asesinatos de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz, hechos que han profundizado la crisis.
El gobierno local y las organizaciones humanitarias enfrentan el desafío de atender a los desplazados, quienes llegan a municipios como Ocaña en busca de refugio. Sin embargo, las condiciones en estos puntos de llegada son precarias, con recursos limitados para brindar ayuda adecuada a los afectados.
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Llamado urgente
La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de derechos humanos han instado al Gobierno Nacional a tomar medidas inmediatas para proteger a las poblaciones del Catatumbo y garantizar el respeto al derecho internacional humanitario.
El gobierno ha reforzado la seguridad en algunas zonas de Norte de Santander y el presidente Gustavo Petro se encuentra en Consejo de Seguridad analizando la situación y se espera un pronunciamiento oficial con el resto de medidas en la próximas horas.
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