Este viernes el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, no aceptó los cargos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Según la investigación, presuntamente habría entregado durante casi una década contratos estatales a personas vinculadas con la guerrilla del ELN. Lo anterior porque según la imputación de la Fiscalía, Castillo Cisneros, durante sus dos períodos como gobernador (2012 – 2015 y 2020 – a la fecha) habría pactado un acuerdo financiero, a través de contratos estatales, con presuntos integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del ELN. Dicho aporte sería para que la guerrilla continuara con su actuar delincuencial, a cambio de logística y protección militar para Castillo y desplazamientos por los municipios de la zona, para lo que se reunió con altos mandos del ELN en Arauca y Venezuela.
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En la audiencia, la Fiscalía advirtió que se adelantan más de 60 investigaciones contra Castillo. Además, afirmó que tan sólo durante 2012 – 2015, entregó ocho contratos a Jhonny Alexander Bello Ortega alias ‘El Gordo Johnny’, los cuales ascienden a 5.300 millones de pesos Los objetos de los contratos son: estudios y diseños de vías, proyectos de espacio público, infraestructura educativa, entre otros, sin cumplir los requisitos legales y fueron manejados por la guerrilla para “financiar sus estructuras y mantener ese control territorial y social en la región”. La investigación señala que, durante ese periodo, el mandatario habría recibido apoyo ilegal para ser elegido como gobernador, a cambio de millonarias sumas de dinero. Así mismo como porcentajes de la contratación del departamento, en donde Incluso los campesinos y pobladores de Arauca eran movilizados por la guerrilla para que votaran por Castillo Cisneros en las elecciones regionales. Por su parte, de acuerdo con la Fiscalía, entre 2019 y 2021 “fue reconocido el poder político y económico de José Facundo Castillo al interior del ELN, por parte sus milicianos, quienes constantemente estaban al servicio de su seguridad personal y de la administración de las fincas de su propiedad”. Estos acuerdos consistían, según el ente investigador, en la entrega de dinero entre 1.000 y 2.000 millones de pesos al ser electo gobernador y la participación del 10% del valor de cada contrato adjudicado. El ente acusador aseguró que adelanta una investigación por estos mismos hechos contra Ricardo Alvarado Bestene, antecesor de Castillo en la gobernación y quien también estaría involucrado en hechos de corrupción durante las tres últimas administraciones en ese departamento. Colprensa
