La Fiscalía imputará al gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, ante la Corte Suprema, por irregularidades en un contrato para la compra de elementos de bioseguridad para prevenir el COVID-19. Este contrato corresponde al N°003, suscrito el 3 de abril de 2020 por más de 220 millones de pesos, y fue celebrado por Palacios Calderón, según la Fiscalía, de manera directa y en medio de varias posibles anomalías como: ausencia de motivación y descripción de la necesidad, cantidad, tipo y destinación de los artículos; presuntas falsedades en la etapa precontractual y falta de idoneidad del contratista.
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Además el gobernador no habría verificado el cumplimiento de requisitos esenciales, entre estos el de publicar el contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) dentro de los tres días después de la celebración, pues se hizo tres meses después. Los delitos que le fueron imputados a Palacios Calderón son los de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión. Colprensa