La Jurisdicción Especial para la Paz convocó este martes a una audiencia en Popayán para conocer el estado de las medidas cautelares que adoptó en 2020 para garantizar la vida y seguridad de los comparecientes de las Farc y el derecho de las víctimas a la verdad. Según este tribunal, que surgió como fruto de los acuerdos de paz de La Habana entre el Gobierno Nacional y las Farc, una de las situaciones más complejas es el incremento de muertes violentas que ascienden a por lo menos 276 en el país, 96 de ellas ocurridas en Cauca, Nariño y Valle del Cauca. “La disputa por el control de los corredores estratégicos, el poder de los grupos de narcotráfico y las disidencias de las Farc, entre otros factores, son fuente de riesgos no controlados que ameritan mayores esfuerzos de las autoridades con funciones de garantías de seguridad”, advierte la Sección.
Reclutamiento de menores: así es el panorama que presenta la JEP
Cauca con 48 asesinatos es el departamento que presenta la cifra más preocupante pues allí se encuentran los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR): Carlos Patiño (Buenos Aires) y Dagoberto Ortiz (Miranda), que están en proceso de ser reubicados. Aproximadamente, 2.500 firmantes del acuerdo llevan su tránsito a la vida civil en esta región del país, en cinco ETCR y 27 Nuevas Áreas de Reincorporación. Por esta razón la JEP dijo que se requiere mejorar el funcionamiento de los programas en materia de seguridad para que se articulen interinstitucionalmente las instancias. A la audiencia de este martes, además de los gobernadores de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, fueron convocados: el consejero presidencial para la Estabilización, el Ministerio de Defensa, el jefe de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el director de la Agencia Nacional de Reincorporación. Colprensa.
