La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de rechazar la solicitud de la Fiscalía para cerrar el caso ha sido un hito en el desarrollo de esta investigación, lo que ha generado reacciones encontradas en distintos sectores del país.
🇨🇴⚖️Víctimas en el proceso contra el expresidente Uribe Vélez por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos celebran que esta semana inicie formalmente el juicio en su contra.
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Contexto del caso
La investigación contra el exmandatario surge de las denuncias sobre la presunta manipulación de testigos para afectar al senador Iván Cepeda. En 2023, la Fiscalía General de la Nación había solicitado la preclusión del caso, argumentando que no existían pruebas suficientes para continuar con el proceso. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que aún persistían "incertidumbres sustanciales" que debían ser esclarecidas, por lo que ordenó la continuidad del proceso.
La decisión del Tribunal ha sido celebrada por distintos sectores políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos. El senador Iván Cepeda, quien ha sido parte del caso desde el inicio, manifestó su satisfacción ante la determinación judicial: "Son 12 años de lucha para llegar a este momento. Hemos enfrentado varios intentos de preclusión, pero finalmente se impone la verdad y la justicia".
Desde el lado de la defensa de Uribe, la postura ha sido de inconformidad. En octubre de 2024, los abogados del expresidente solicitaron la suspensión temporal del juicio, argumentando falta de garantías procesales.
Según la defensa, no contaban con el tiempo suficiente para analizar pruebas clave, como el contenido de un computador y un teléfono pertenecientes al testigo Juan Guillermo Monsalve. Sin embargo, en noviembre del mismo año, la Corte Suprema de Justicia autorizó la extracción forense de estos dispositivos, con la intención de esclarecer su relevancia dentro del proceso.
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Un proceso en curso
Hasta enero de 2025, el proceso contra el expresidente Uribe sigue sin resolución definitiva. Mientras la defensa insiste en la falta de garantías y en la debilidad de las pruebas presentadas, la justicia colombiana mantiene su postura de que es necesario un análisis exhaustivo de los hechos antes de tomar una decisión final.
Este caso ha generado un intenso debate en el ámbito político y judicial del país. No obstante, para las víctimas, este juicio representa un avance en la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento del Estado de derecho.
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El desarrollo de este proceso marcará un precedente en la historia judicial de Colombia y será determinante para la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia del país.
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