Un punto de alerta señalado en el informe está relacionado con los 23.410 casos registrados de atenciones a personas que ya aparecían como fallecidas en la Base de Datos Única de Afiliados.
La ADRES reportó ante la Fiscalía los primeros 10 casos de IPS que no lograron demostrar su existencia física, incumpliendo los requisitos legales. Estas habían presentado cuentas que suman $25.000 millones en reclamaciones.
El primer objetivo es erradicar la corrupción dentro de las EPS, un paso clave para abordar la mala gestión de recursos, las prácticas fraudulentas y el desvío de fondos públicos en el sector.