El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un fallo en favor de Colombia al negar la demanda presentada por una importante empresa petrolera estadounidense, que buscaba impugnar la revocación de su licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). La demanda tenía como objetivo declarar la nulidad del acto administrativo que impedía a la empresa llevar a cabo un proyecto de hidrocarburos en el Bloque Serranía, ubicado en un área de especial importancia ecosistémica en los municipios de La Macarena en el departamento del Meta y San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá, cerca de Caño Cristales.
En una sentencia emitida el 1 de febrero de 2024, que no fue apelada por la parte demandante, la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca desestimó las pretensiones de la demanda. Se argumentó que la zona en cuestión fue declarada de especial importancia ecosistémica, y cualquier actividad de extracción de hidrocarburos representaría un riesgo para su conservación. "Esta sentencia ratifica que las políticas del Gobierno en materia de protección ambiental y de desescalamiento gradual del modelo extractivista son el camino para enfrentar el cambio climático. Además, evidencia que los intereses económicos no están por encima de los derechos ambientales y de la vida", comentó Jhon Camargo, director general (e) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). Por su parte, Rodrigo Negrete Montes, director general de la ANLA, destacó que la decisión establece un precedente favorable para el Estado en términos de protección y conservación del medio ambiente, especialmente en el Área de Manejo Especial La Macarena. También enfatizó en el carácter preventivo de las licencias ambientales como mecanismo para garantizar el desarrollo sostenible.Estado gana millonaria demanda ambiental y se protege a Caño Cristales.
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Además, se evitó el pago de una condena de más de 100 mil millones de pesos que se reclamaban como perjuicios. La defensa judicial se llevó a cabo de manera conjunta entre la ANLA, CORMACARENA y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), demostrando así un esfuerzo coordinado en la protección del medio ambiente y los recursos naturales de Colombia.
