En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación anunció la destitución e inhabilidad general de tres exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tras descubrir sobrecostos millonarios en la adquisición de carrotanques destinados a abastecer de agua potable a La Guajira.
El exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez, fue sancionado con destitución e inhabilidad general por 18 años, mientras que el exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, recibió una sanción de 20 años. Adicionalmente, el exsubdirector General, Víctor Andrés Meza Galván, fue destituido e inhabilitado por 10 años.
#Atención En fallo de primera instancia, la @PGN_COL sancionó con destitución e inhabilidad por 18 años a exdirector de @UNGRD, Olmedo López; y con 20 a exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla, por sobrecostos en carrotanques para La Guajira https://t.co/G7ZQj7IYWX pic.twitter.com/7wB66Nmrzn
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) December 30, 2024
La investigación de la Procuraduría reveló que los funcionarios autorizaron el pago de $16 mil millones en sobrecostos, lo que representó un aumento del 54% sobre el valor real de mercado de los 40 carrotanques adquiridos. Cada vehículo tuvo un sobrecosto promedio de más de $412 millones, afectando gravemente el patrimonio público.
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Los hallazgos clave de la Procuraduría: sobrecostos en la UNGRD
- Olmedo López firmó la ratificación de la orden de proveeduría y autorizó el pago al contratista, facilitando el detrimento patrimonial.
- Sneyder Pinilla estructuró y avaló la orden de compra, pese a que las cotizaciones excedían los precios del mercado.
Pinilla certificó la entrega de los vehículos, que no se utilizaron para el propósito estipulado: abastecer de agua potable a las comunidades de La Guajira bajo la emergencia declarada por el Decreto 2113 de 2022.
Los disciplinados desconocieron principios como la moralidad, eficacia y economía. La Procuraduría calificó sus conductas como faltas gravísimas cometidas a título de dolo.
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Como subdirector general, Meza Galván ratificó la orden de proveeduría para que la fiduciaria efectuara el pago, incurriendo en una falta gravísima por culpa gravísima, al desatender sus deberes como funcionario público.
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