Tendrán 30 días para confesar su responsabilidad en los delitos.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra a diez integrantes del antiguo Comando Conjunto Central de las antiguas FARC. La magistrada Julieta Lemaitre, relatora del macrocaso 01, con el que la Sala de Reconocimiento se concentra en investigar hechos relacionados con retenciones ilegales, explicó en rueda de prensa el alcance de esta decisión.
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Según la togada, las declaraciones de los comparecientes en este caso dan cuenta de un patrón de órdenes similar al que se investiga en el macrocaso por falsos positivos en la que los jefes ordenaban y presionaban y los mandos medios, o comandantes regionales, debían responder. La JEP identificó tres patrones criminales bajo los que se cometieron los secuestros, teniendo en cuenta los motivos que tenían los insurgentes. El primero, la búsqueda de financiación; el segundo, el intercambio de guerrilleros entonces capturados; el tercero, el control territorial.Así se financiaba esta estructura de las FARC
Para esta primera imputación regional, la magistrada explicó que las conductas del Comando Conjunto Central estaban encaminadas mayoritariamente a la financiación. “Esta estructura de las antiguas Farc-EP adoptó la política de financiarse a través de los secuestros”, precisó un comunicado de la JEP.
“A través de la Comisión Financiera Manuelita Sáenz se creó un sofisticado sistema de secuestro y extorsión para cumplir con la cuota de dinero que debía ser entregada al Secretariado”, explicó.
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Todo ello ocurrió a pesar de que el Comando Conjunto fue una de las estructuras de menor tamaño de la guerrilla, pero tenía que responder por 2000 millones de pesos al año, que debían ser entregados al Secretariado. La Jurisdicción Especial explicó que al menos 144 víctimas acreditadas que pueden señalar al Comando Conjunto como responsable. La mayor de ellas sufrió secuestros por parte del Frente 21, una de las estructuras adscritas al Comando Central, que ejerció control sobre el Cañón de las Hermosas en Tolima. En ese departamento ocurrió el 87% de los hechos que las víctimas reportaron a la JEP. Colprensa.
