La reforma laboral, uno de los proyectos insignia del Gobierno de Gustavo Petro, atraviesa un momento complejo en su trámite legislativo. Con una fuerte oposición en el Congreso y la reciente firma del archivo de la iniciativa en la Comisión Séptima del Senado, el futuro de la reforma es incierto. Mientras gremios empresariales advierten sobre el impacto económico que podrían tener las medidas, sindicatos y organizaciones de trabajadores defienden los cambios como un paso necesario para mejorar las condiciones laborales en el país.
Antes de que la Comisión Séptima firmara el archivo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, insistió en que el Gobierno no retiraría la reforma y dejó en manos del Congreso su futuro. Tras su archivo, el presidente Petro ha convocado a una jornada de movilización el martes 18 de marzo, declarando el día como cívico para que funcionarios públicos puedan sumarse a las protestas en favor de las reformas gubernamentales.
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Este martes será el día en que diferentes organizaciones sociales, centrales obreras, movimientos estudiantiles y partidos políticos que apoyan las reformas, se encontrarán en las calles para exigir que el Congreso de la República tramite el debate como lo establece la Constitución.

¿Qué propone la Reforma Laboral?
El proyecto presentado por el Gobierno tiene como objetivo reducir la informalidad, garantizar estabilidad en el empleo y mejorar las condiciones laborales en Colombia. Entre los principales puntos se encuentran:
1. Contratos y estabilidad laboral
a. Se limita la duración de los contratos a término fijo a un máximo de cuatro años; después de ese tiempo, se convertirían en indefinidos.
b. Se eliminan las prórrogas indefinidas en los contratos a término fijo, evitando que los trabajadores pasen años sin estabilidad laboral.
c. Se refuerzan las protecciones laborales para ciertos grupos, como mujeres en embarazo, personas con discapacidad y trabajadores pre-pensionados (a menos de tres años de la edad de jubilación).
2. Cambios en la jornada laboral y pago por días de descanso
a. La jornada nocturna volvería a comenzar a las 7:00 p.m., en lugar de las 9:00 p.m., como estableció la Ley 789 de 2002.
b. Se restablecería el pago del 100% por trabajo en días de descanso obligatorio. Sin embargo, su implementación sería gradual:
- Año 1: 80% adicional.
- Año 2: 90%.
- Año 3: 100%.
3. Licencias y flexibilización laboral
a. La licencia de paternidad se ampliaría de dos a cuatro semanas, aplicándose de manera progresiva:
- En 2025, se extendería a tres semanas.
- En 2026, llegaría a cuatro semanas.
b. Se crearían licencias remuneradas para:
- Asistencia a citas médicas, incluidos casos de endometriosis diagnosticada.
- Atención de compromisos escolares de los hijos.
- Procesos relacionados con violencia de género.
c. Se flexibilizarían las jornadas laborales para permitir el cuidado de familiares dependientes.
4. Formalización del empleo en sectores vulnerables
a. Trabajo doméstico: Se exigiría un contrato escrito y registrado para garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar. Actualmente, solo el 17% de las 630.000 trabajadoras domésticas cotizan a seguridad social.
b. Manipuladores de alimentos del PAE: Se garantizaría su vinculación formal al Programa de Alimentación Escolar (PAE).
c. Madres comunitarias: Se vincularían progresivamente al ICBF como trabajadoras oficiales, asegurando su acceso a derechos laborales.
d. Aprendices del SENA: Recuperarían el reconocimiento de su práctica como relación laboral, con salario y seguridad social.
5. Derechos sindicales y regulación de contratos colectivos
a. Se fortalecerían las garantías para la actividad sindical y se crearía un procedimiento judicial especial para proteger a trabajadores discriminados por su afiliación sindical.
b. Se prohibirían los contratos sindicales, especialmente en el sector salud, donde el 97% de estos contratos están concentrados, según el Ministerio del Trabajo.
6. Regulaciones en sectores estratégicos
a. Sector transporte: Se exigiría la contratación formal de los trabajadores, beneficiando a más de 718.000 empleados del sector de carga y pasajeros.
b. Sector agropecuario: Se restablecería el contrato agropecuario, con la exigencia de que sea indefinido si la actividad laboral supera las 27 semanas. También se reinstauraría la figura del jornal agropecuario.
c. Teletrabajo transnacional: Se regularía esta modalidad para garantizar que los trabajadores remotos cuenten con derechos laborales sin importar desde dónde presten sus servicios.
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El camino de la Consulta Popular
El presidente Gustavo Petro optó por someter la reforma a votación ciudadana como una alternativa para sortear la oposición en el Congreso. Dicho mecanismo requiere cumplir con requisitos legales específicos y obtener un amplio respaldo político para ser viable. Por lo tanto, deberá convocar a la tercera parte del censo electoral, que son 13’654.457 ciudadanas y ciudadanos. En manos del Poder Constituyente Primario estará la posibilidad de garantizar la implementación de las reformas con las que eligió al actual mandatario.
A medida que el debate continúa, la movilización convocada para el 18 de marzo será clave para medir el respaldo ciudadano a la iniciativa. Aunque el Gobierno, las centrales obreras y la ciudadanía insisten en que la reforma es necesaria para mejorar las condiciones laborales en el país, su aprobación aún enfrenta una fuerte resistencia en el Congreso y algunos representantes del sector privado.
El futuro de la reforma laboral en Colombia sigue en juego. Todo dependerá de la conexión del Congreso con el clamor de los trabajadores en las calles y la capacidad de tejer acuerdos para responder a un mandato popular que exige cambios estructurales y urgentes.