Sarabia argumentó ante la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas que esta planta no debe ser equiparada con la cocaína y que su uso tradicional e industrial debe ser reconocido.
También enfatizó que esta solicitud no implica una legalización de la cocaína, sino un llamado a diferenciar la hoja de coca de su derivado ilícito. “La hoja de coca ha sido utilizada durante siglos por comunidades indígenas en Colombia y otros países andinos con fines culturales, medicinales y nutricionales. Su inclusión en la lista de sustancias prohibidas ha criminalizado prácticas ancestrales y limitado su potencial económico”, afirmó la canciller.
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Durante su intervención, la representante del Gobierno colombiano señaló que el actual enfoque global en la lucha contra las drogas ha demostrado ser ineficaz y que es necesario replantear las políticas relacionadas con la hoja de coca. Asimismo, destacó que la prohibición ha impactado negativamente a miles de campesinos que dependen de su cultivo y que han sido víctimas de políticas represivas sin alternativas viables de sustitución.
La propuesta de Colombia se suma a iniciativas previas tanto del actual Gobierno como de otros países andinos que buscan reivindicar el valor cultural y medicinal de la hoja de coca. En ese sentido, la canciller subrayó que la estrategia de erradicación forzada ha generado conflicto y pobreza, sin disminuir significativamente la producción de cocaína.
Este llamado a la ONU forma parte de una política más amplia del Gobierno de Gustavo Petro para replantear el enfoque antidrogas en Colombia, priorizando un modelo que respete los derechos de los campesinos cocaleros y que permita una transición hacia cultivos alternativos viables y sostenibles.
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La solicitud colombiana ahora dependerá del análisis de la comunidad internacional, que deberá evaluar los argumentos expuestos por el país y la posibilidad de modificar la actual clasificación de la hoja de coca en los tratados internacionales sobre drogas.
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