Esta semana, dos acontecimientos judiciales han traído de nuevo al expresidente Álvaro Uribe Vélez al ojo del huracán: la ratificación de condenas contra altos exfuncionarios de su gobierno por el escándalo de las chuzadas del DAS y el posible regreso a Colombia de Fabio Ochoa Vásquez, un exlíder del cartel de Medellín. Ambos casos despiertan interrogantes sobre las conexiones políticas y judiciales del exmandatario y sus colaboradores más cercanos.
Conexiones políticas y salvamentos de voto
La polémica también se extiende a los salvamentos de voto de dos conjueces en el fallo contra Velásquez y del Castillo. Juan David Riveros Barragán y José Ignacio Lombana Sierra argumentaron la prescripción de la acción penal y omitieron mencionar posibles conflictos de interés por su cercanía con Uribe y su partido, el Centro Democrático.
Riveros ha trabajado con Jaime Granados, abogado principal de Uribe, mientras que Lombana tiene fuertes lazos con las Fuerzas Militares, un sector que el expresidente siempre ha respaldado. Ambos jueces han sido señalados por su alineación política, lo que ha generado críticas sobre la imparcialidad del proceso.
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El conjuez Riveros Barragán trabajó durante tres años y siete meses con el abogado jaime granados. Fue abogado Arturo Char, el excongresista de la poderosa familia barranquillera Char. y actualmente es el apoderado de la multinacional española Keralty que, recordemos, ha financiado al partido del expresidente uribe, el centro democrático, cuyos congresistas lideraron el hundimiento de la reforma a la salud.
🚨¿Quiénes son los dos exfuncionarios del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez que fueron condenados esta semana? ¿Qué dice la sentencia?
Todo te lo explicamos en el primer reportaje de #SeñalInvestigativa🕵🏻de esta noche.
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Por otro lado, José Ignacio Lombana Sierra, es hijo del exmagistrado de la corte suprema Édgar Lombana Trujillo, asesinado en 2016. Lombana Sierra ha sido abogado del general en retiro jesús armando arias cabrales, el excomandante del ejército que lideró la retoma del palacio de justicia, condenado por la corte suprema a 35 años de cárcel por la desaparición de varios sobrevivientes. fue expulsado además de la justicia especial para la paz.
Señal Ivestigativa consultó a la Corte Suprema de Justicia y les dijo que ninguno de los dos abogados manifestó tener algún tipo de impedimento para asumir el estudio del caso y tomar decisiones; no manifestaron tener algún tipo de conflicto, al menos ético, por la cercanía que tienen con el exjefe de los condenados, es decir, Álvaro Uribe, y su partido político.
Mientras Colombia avanza en su búsqueda de verdad y justicia, los nexos de figuras políticas y del narcotráfico siguen planteando preguntas sobre la ética y la transparencia en los procesos judiciales. El caso de las chuzadas del DAS y el regreso de Fabio Ochoa son recordatorios de que el pasado, aunque lejano, sigue siendo una pieza clave para entender la compleja realidad del país.
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El caso de las chuzadas del DAS
El pasado martes, la Corte Suprema de Justicia ratificó las condenas contra César Mauricio Velásquez, exsecretario de prensa de Uribe, y Edmundo del Castillo, exsecretario jurídico de la Presidencia, por concierto para delinquir. Estas condenas, de cinco años y tres meses de prisión, están relacionadas con el espionaje ilegal llevado a cabo por el DAS entre 2007 y 2009.
En su sentencia, la Corte Suprema destacó que las órdenes para estas acciones de inteligencia ilegal se dieron desde la Casa de Nariño. Estas incluían interceptaciones telefónicas a magistrados de la Corte, periodistas y opositores políticos con el objetivo de deslegitimar investigaciones sensibles, como las relacionadas con la parapolítica.
🚨A esta hora en #SeñalInvestigativa🕵🏻hablamos del posible regreso a Colombia del tercer capo del Cartel de Medellín, Fabio Ochoa Vásquez, tras 25 años de prisión en Estados Unidos.
Te recordamos quien es este capo del narcotráfico.
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Entre los detalles más perturbadores está el uso de montajes contra la excongresista Yidis Medina, quien denunció presiones para votar a favor de la reelección de Uribe. Aunque las pruebas señalan la cercanía de Uribe con estas operaciones, él no ha sido vinculado judicialmente en este caso.
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