En un golpe sin precedentes contra la corrupción administrativa en el Caribe colombiano, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación capturaron a 17 personas involucradas en una organización criminal dedicada al volteo de tierras en el área metropolitana de Barranquilla. La mayoría de los detenidos son funcionarios públicos activos o con nexos directos con la clase política regional. Este operativo fue divulgado por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, quien también expresó su indignación por la conexidad entre este tipo de delitos y funcionarios públicos.
Entre los capturados figuran tres registradores de instrumentos públicos, dos inspectores de policía, dos notarios, un calificador de instrumentos públicos y un funcionario de la Alcaldía de Soledad (Atlántico), así como actores criminales que habrían participado en maniobras ilegales para apropiarse de terrenos y comercializarlos fraudulentamente, afectando a decenas de familias vulnerables.
Según las autoridades, esta red se valía de su poder institucional para constreñir a comunidades, apropiarse de tierras de manera irregular y luego revenderlas mediante procesos de urbanización ilegal, estafando a compradores incautos y violando derechos fundamentales como el acceso a la vivienda, la educación y el espacio público.
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Las órdenes de captura fueron emitidas por múltiples delitos: peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, cohecho, asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, urbanización ilegal y estafa agravada.
“Buena parte de la criminalidad tiene soporte en el mismo Estado”, afirmó el presidente Gustavo Petro tras conocerse la operación, subrayando que este tipo de redes criminales institucionales representan una amenaza estructural para la democracia y la justicia social.
He sostenido que buena parte de la criminalidad tiene soporte en el mismo estado.
Aquí hemos capturado con la policía nacional, toda una red dedicada al volteo de tierras en Barranquilla, la mayoría de los capturados son funcionarios públicos ligados a la clase política…— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 14, 2025
La Fiscalía anunció que la investigación continúa y se prepara la imputación de 16 personas adicionales, lo que elevaría a 33 el número total de presuntos implicados judicializados por este caso.
El operativo se enmarca en una estrategia de lucha frontal contra la corrupción en los entes territoriales, especialmente en zonas donde el acceso a la tierra ha sido históricamente manipulado por intereses políticos y económicos. Las autoridades aseguran que seguirán desmantelando estas redes para proteger el patrimonio público y garantizar los derechos de la población más vulnerable del Atlántico.
