La reciente acción de tutela contra la Presidencia de la República, que busca restringir la transmisión de los Consejos de Ministros, ha desatado un debate sobre la libertad de expresión, el derecho a la información y el uso del espectro electromagnético en Colombia. La tutela interpuesta en Valle del Cauca ha sido interpretada como un intento de censura contra el Gobierno y un precedente peligroso para el ejercicio de la democracia.
Esta acción judicial inició en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Calima (Valle del Cauca), que rechazó inicialmente la tutela, pero posteriormente la remitió al Consejo de Estado por considerar que, de acuerdo con el Decreto 333 de 2021, las acciones dirigidas contra actuaciones del presidente son competencia de esta corporación. Al admitirla, el Consejo de Estado vinculó como terceros con interés en el asunto a Canal RCN, Caracol Televisión y Canal Uno.
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El presidente Petro ha denunciado que esta tutela pretende silenciar su comunicación directa con la ciudadanía y cuestionó el doble rasero con el que se manejan los medios privados. A través de su cuenta en X, criticó la falta de acciones similares cuando su antecesor, Iván Duque, realizaba un programa diario sin restricciones legales:
"Yo quiero que me expliquen: Caracol, RCN y el extraño canal UNO, ¿por qué hay una tutela contra el presidente por expresarse en el espectro electromagnético, que según la Constitución Nacional es público, inembargable e inenajenable, pero no la hubo para la transmisión diaria del programa del presidente Duque?".
Tutela podría allanar el camino para el monopolio informativo
El jefe de Estado alertó sobre el peligro de que los grandes medios privados impongan un monopolio informativo que excluya la voz del Gobierno y de las comunidades más vulnerables:
"Por el espectro electromagnético, propiedad de la Nación, no puede expresarse sino los grandes dueños del capital que son los dueños de los canales privados, en contravía del derecho constitucional al pluralismo informativo y la veracidad".
Además, denunció la campaña mediática en su contra, señalando que Caracol Televisión aún no ha corregido la información errónea divulgada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre una supuesta violación de topes de campaña. Según el mandatario, esta acusación se basó en un error contable de la propia empresa:
"¿Por qué la empresa Caracol, contratista del Estado, no ha corregido públicamente la aseveración del CNE que dice que sobrepasé los topes de campaña por un pago a canal Caracol, cuando lo que pasó es que la contabilidad de la empresa Caracol se equivocó al expedir doble factura por el mismo hecho, error contable que se corrigió en el momento de producirse, como la ley ordena, ante la DIAN?"
El presidente Petro advirtió que esta tutela puede ser parte de una estrategia de desestabilización promovida por sectores de poder que buscan frenar las reformas y el cambio político en el país:
"Colombia será el primer país del mundo actual en censurar a su presidente, elegido por el voto popular, por poderes fácticos, no elegidos en ninguna parte, pero eso sí, dueños de mucho dinero?"
Yo quiero que me expliquen: Caracol, RCN y el extraño canal UNO, ¿por qué hay una tutela contra el presidente por expresarse, en el espectro electromagnético qué según la constitución nacional, es público, inembargable y, oigan bien: inenajenable, pero no la hubo para la…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 27, 2025
El presidente, además, hizo un llamado a las y los expertos en jurisprudencia a nivel nacional e internacional para analizar esta situación y defender el derecho del pueblo colombiano a estar informado sin restricciones impuestas por los intereses privados:
"Invito a todos los expertos jurídicos en el tema del pluralismo informativo y la televisión a expresarse en este proceso que se inicia, y que merece la pena estudiar nacional e internacionalmente a profundidad".
La transmisión de los Consejos de Ministros ha sido una herramienta esencial en la política de transparencia del Gobierno, permitiendo que la ciudadanía conozca de primera mano las decisiones y debates internos del Ejecutivo.
El cuestionamiento que queda en el aire es si los grandes medios privados buscan garantizar el derecho a la información o imponer una hegemonía comunicativa en favor de sus intereses económicos y políticos. El desenlace de este conflicto podría marcar un precedente en las comunicaciones del Gobierno y la posibilidad de abrir la gestión de la administración pública a la ciudadanía.
