El director de la UNP, Augusto Rodríguez, aseguró para RTVC noticias, que la entidad presta servicios de seguridad por requerimientos por parte del Alto Comisionado para la Paz en los procesos donde se iniciaron conversaciones con grupos armados en armas.
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En las camionetas se movilizaban miembros de la delegación para el proceso de paz del Estado Mayor Central. Dentro de estas personas se encontraban Alexander Mendoza, alias “Calarcá Córdoba”, cabecilla del EMC; también estaba Andrey Avendaño, comandante del bloque del Magdalena Medio y Érika Castro, mano derecha de “Calarcá”.
Estas personas se fueron declaradas Personas Protegidas por el Gobierno mientras se adelantan los diálogos de paz.
El director de la UNP declaró que, cuando el Ejército interceptó estas nueves camionetas, las personas a bordo se negaron a bajarse por razones de seguridad; la normatividad dice que las personas pueden permanecer en el vehículo, pero no pueden negarse a la requisa.
Según Augusto Rodríguez, el protocolo dice que los vehículos deben dirigirse a una instalación militar o policial para que se pueda realizar la requisa y la identificación de las personas.
Durante este procedimiento se descubrió que habían individuos que no hacían parte de las Personas Protegidas; dos de ellas tenían orden de captura, por lo que la Fiscalía procedió a detenerlas.
Además, tres de las personas que viajaban en las camionetas de la UNP, poseían armas, por lo que también se procedió a capturarlos.
También se encontró dinero que no se sabe de dónde fue obtenido; por lo que la Fiscalía también lo confiscó con el fin de averiguar la procedencia y el fin de ese dinero.
Rodriguez indicó que este dinero podría servir para el desplazamiento de la delegación, pero podría ser excesivo. Por lo que la delegación debería dar explicaciones al respecto.
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Amenazas en contra del director de la UNP
El director de la Unidad Nacional de Protección finalizó la entrevista afirmando que sigue siendo objetivo de amenazas; recordó el atentado que sufrió en marzo de 2023.
Augusto Rodriguez denunció que algunos sindicatos estarían sugiriendo su asesinato y que, por pertenecer a población de la tercera edad, no merece protección alguna por parte de la UNP.
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