En un interrogatorio de más de nueve horas, el contratista Emilio Tapia decidió prender el ventilador ante la Fiscalía por el escándalo del polémico contrato de Centros Poblados. Y aunque la información se está depurando, ya se sabe que habló de las personas que le habrían permitido acceder a información privilegiada para quedarse no solo con ese proyecto estatal, sino con el anticipo que el Ministerio de las TIC giró, el cual asciende a los $70.000 millones. El diario El Colombiano estableció que a la cita, realizada este jueves en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá, acudieron su abogado, Alejandro Sánchez, y el director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía, Eduard A. Calderón. Del encuentro salieron nuevos nombres de quienes estarían al frente de torcer y validar la póliza que utilizó la Unión Temporal Centros Poblados –controlada por Tapia– para tramitar el contrato que, en total, tenía una asignación de $1,07 billones.
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Tras encender el ventilador, Tapia abre así un nuevo capítulo de investigaciones en la Fiscalía. En efecto, el ente acusador ya tiene conocimiento de fechas, lugares y personas que habrían participado en este entramado corrupto y que podrían también terminar presas en cuestión de días. De hecho, los delitos por los que en este escándalo ya han sido capturados Luis Fernando Duque (representante de Centros Poblados) y Juan José Laverde (de la aseguradora de la póliza) también podrían derivar en compulsas de copias a la Corte, pues se sabe que salpicó a aforados. El diario antioqueño se comunicó con el abogado Sánchez para conocer más detalles, sin embargo dijo no poder hablar por razones médicas y familiares.Emilio Tapia buscaría acuerdo
Así, el contratista ya comenzó a labrar su sendero de colaboración, pues el mes pasado se conoció que iba a dar nombres de políticos que intentaron frenar la caducidad del contrato a cambio de beneficios. Si la Fiscalía corrobora positivamente lo que dijo en la diligencia, se abrirían los otros expedientes. Por ahora, una de las incógnitas de la cita en el búnker es a qué políticos nombró, ya que por este escándalo la Sala de Instrucción de la Corte Suprema adelanta un proceso preliminar en contra:- Armando Benedetti, senador de La U.
- Antonio Zabaraín, de Cambio Radical, quien pidió declarar en versión libre.
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En el caso de Benedetti, su citación se da porque varias veedurías e incluso la exministra TIC, Karen Abudinen, lo señalan de haber intervenido para que el Ministerio cediera el contrato. Pero en esto Tapia no es el único que se le ofreció a la Fiscalía para esclarecer el entramado corrupto, ya que Juan Carlos Cáceres, de Novotic, una de las cuatro empresas de Centros Poblados, acudió a la Fiscalía a, según él, decir toda la verdad.
