Sería el responsable de la muerte de hasta 75 ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate.
La Fiscalía de la JEP llamó a juicio al coronel (r) Publio Hernán Mejía, a quien se le atribuyen 75 ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate o también conocidos como falsos positivos. La decisión es parte del avance del macrocaso 03, relacionado con falsos positivos que se habrían presentado en este batallón en Valledupar.
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El proceso del coronel (r) Mejía en la JEP
El coronel (r) Mejía ya había sido condenado por la justicia ordinaria por patrullar con paramilitares y cometer falsos positivos. Este exmilitar sería el responsable de la muerte de hasta 75 personas todas habrían sido presentados como guerrilleros o personas que les prestaban apoyo. Como lo explica la imputación de cargos, Mejía con el Bloque Norte de la Auc coordinó la entrega de víctimas, vivas y muertas, que luego eran referenciadas como criminales en documentos falsos. Además bajo su comandancia se pusieron en funcionamiento los grupos especiales Zarpazo y Trueno, los cuales operaban bajo las órdenes directas de Mejía y cuya labor casi que exclusiva sería la de presentar ejecuciones extrajudiciales a partir de 2002. Por su parte, el exmilitar Mejía no aceptó los cargos porque aseguraba que la Fiscalía “desapareció” del batallón la documentación operacional “secreta original” y además montó una “horrible mentira” pagándole a criminales para declarar contra él. En 2017, Mejía perdió su libertad condicionada, la cual había conseguido en 2017 tras someterse a la Jurisdicción Especial.Te puede interesar: Asesinan a líder social en el municipio de Puebloviejo, Magdalena
Por tanto, y con el fin de proteger los derechos de las víctimas, la JEP ordenó de nuevo la captura de Mejía en el centro de reclusión militar del Ejército (DICER) donde allí sigue pagando la condena a 19 años de cárcel. En este caso, también fueron imputados otros 14 militares de alto, mediano y bajo rango pertenecientes al Batallón de La Popa de Valledupar, señalados de estar involucrados en una organización criminal. En particular, se le reprocha al batallón agredir a los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, y la alianza con el Bloque Norte de las AUC, a cargo de Rodrigo Tovar Pupo -Jorge 40-.