En el segundo año del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, las tensiones entre el poder Ejecutivo y el poder Judicial han alcanzado niveles críticos. Las reformas progresistas, concebidas para abordar las profundas desigualdades sociales, la exclusión económica y la crisis ambiental en Colombia, han sido obstaculizadas repetidamente por decisiones judiciales de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Estas decisiones no solo han frenado el avance de las propuestas de cambio, sino que también han puesto de manifiesto un creciente conflicto entre el mandato popular del gobierno y el papel de las altas cortes en el sistema institucional del país.
Lee también: ¿Qué hay detrás de los alfiles políticos del Consejo Nacional Electoral?
El mandato popular y las reformas progresistas
El programa de reformas que Petro y Márquez presentaron al país tras su victoria electoral en 2022 incluía cambios profundos en áreas clave como la justicia social, los derechos humanos, la protección del medio ambiente y la redistribución económica. Este mandato, según el informe del segundo año de gobierno, tenía como objetivo revertir las políticas neoliberales y construir un Estado más inclusivo y equitativo.
Sin embargo, las élites económicas, los partidos tradicionales y los medios de comunicación han mostrado una férrea resistencia a estos cambios, lo que ha hecho del Congreso un espacio difícil para la aprobación de las reformas. A esto se suma un elemento inesperado: la creciente intervención del poder judicial, que ha limitado las facultades del gobierno para implementar sus políticas.
Te puede interesar: Presidente Petro afirmó que Iván Duque debe responder por lavado de activos por compra de Pegasus
La Corte Constitucional: de la jurisprudencia progresista al conservadurismo
La Corte Constitucional ha jugado históricamente un papel crucial en la protección de los derechos fundamentales, ampliando las libertades y garantizando la inclusión de grupos marginados. Sin embargo, durante el gobierno de Petro, esta corte ha adoptado una postura más conservadora, favoreciendo a menudo los intereses económicos y políticos tradicionales sobre los derechos sociales de la mayoría.
Uno de los casos más emblemáticos de este cambio de enfoque es la sentencia que declaró inconstitucional la creación del Ministerio de la Igualdad, un proyecto clave del gobierno para reducir la desigualdad extrema en el país. A pesar de que el Ministerio contaba con los marcos de financiación necesarios y su creación respondía a una urgente demanda social, la Corte falló en contra basándose en criterios de impacto fiscal, interpretando de manera estricta y restrictiva las normas presupuestarias.
Esto no solo frustró la implementación de una política social vital, sino que también sentó un precedente que refleja la priorización de los intereses fiscales y económicos por encima de las necesidades de los sectores más vulnerables.
Otra decisión relevante fue la que afectó gravemente la reforma tributaria. Esta reforma buscaba aumentar los ingresos del Estado mediante impuestos a las empresas extractivas de petróleo y minería, un sector clave en la economía colombiana pero históricamente vinculado a la concentración de riqueza.
La Corte, en un fallo controvertido, declaró que las regalías pagadas por estas empresas podrían deducirse del impuesto sobre la renta, lo que significó una pérdida de aproximadamente 7 billones de pesos destinados a programas sociales. Este fallo benefició a las multinacionales a expensas de los municipios empobrecidos que dependen de estos recursos.
Lee también: La seguridad de la COP-16 está garantizada. Mordisco no es el jefe del EM en el Cauca: Presidente Petro
Bloqueos a la política social y laboral
La Corte también ha interferido en otras reformas destinadas a mejorar las condiciones laborales y sociales de los colombianos. En uno de sus fallos, avaló la viabilidad constitucional de los Pactos Colectivos, una figura utilizada por las empresas para negociar directamente con los trabajadores no sindicalizados, lo que ha sido denunciado como una estrategia para debilitar los sindicatos.
Esta decisión afecta gravemente los derechos de los trabajadores y contraviene directrices internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que promueven la negociación colectiva como una vía para garantizar mejores condiciones laborales.
Además, la Corte limitó las condiciones de traslado de los trabajadores al fondo público de pensiones, incentivando así la permanencia en los fondos privados. Esto ha sido interpretado como una medida que favorece a los grandes conglomerados financieros que administran los fondos de pensiones en detrimento de las condiciones de los trabajadores. La disposición del gobierno buscaba fomentar el acceso a pensiones más justas y sostenibles, pero la intervención judicial ha bloqueado este avance.
Te puede interesar: “El señor Cesar Lorduy debería renunciar inmediatamente”: Presidente Petro
Las decisiones del Consejo de Estado y su impacto político
El Consejo de Estado ha jugado un papel igualmente relevante en el bloqueo de las reformas del gobierno Petro. Este tribunal ha sido particularmente activo en la anulación de elecciones de congresistas y en la destitución de funcionarios claves del gobierno. En algunos casos, estas decisiones han afectado directamente la capacidad del gobierno para mantener su coalición en el Congreso, debilitando su poder político para avanzar con las reformas propuestas.
Entre las decisiones más notorias está la anulación de la elección de cinco congresistas del Pacto Histórico, incluyendo figuras de reconocido talante progresista como María José Pizarro o César Pachón. Estas decisiones, justificadas en supuestas irregularidades electorales, han sido interpretadas por el gobierno como un intento de debilitar su mayoría en el Congreso y dificultar la aprobación de las reformas.
Además, el Consejo de Estado ha bloqueado el nombramiento de varios funcionarios diplomáticos y comisionados en la Comisión de Regulación de Servicios Públicos (CREG), argumentando que no cumplían con los requisitos de experiencia necesarios. Estas decisiones han impedido que el gobierno pueda implementar sus políticas en áreas clave como la regulación de tarifas de energía, un tema central en la agenda de Petro para aliviar los costos de los servicios públicos en los sectores más empobrecidos.
Lee también: La importancia de la izada de la bandera de la ONU y la Zona Azul en la COP16
El "golpe judicial blando" y la politización del poder judicial
El gobierno de Petro ha denunciado lo que considera un "golpe judicial blando", una estrategia que utiliza las instituciones judiciales para bloquear sistemáticamente las reformas y debilitar al Ejecutivo. Aunque las cortes tienen la función de supervisar la constitucionalidad de las leyes, las decisiones recientes de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han sido percibidas como políticamente motivadas, favoreciendo a las élites económicas y a los partidos tradicionales que se oponen al gobierno.
Una de las manifestaciones más preocupantes de esta politización del poder judicial ha sido la habilitación del Consejo Nacional Electoral (CNE) para investigar al presidente Petro por presuntas irregularidades en su campaña electoral. Esta decisión, emitida por la Sala de Consulta del Consejo de Estado, contraviene la jurisprudencia previa que establece que solo la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes puede investigar al presidente. El gobierno ha denunciado esta maniobra como un intento de construir un caso para destituir a Petro bajo la figura de "indignidad".
Te puede interesar: Histórico acuerdo por la paz territorial en el norte del Cauca: entrega de tierras a comunidades indígenas, afro y campesinas
El impacto en las reformas sociales y económicas
Las decisiones judiciales han tenido un impacto directo en la capacidad del gobierno para implementar políticas destinadas a mejorar la vida de los sectores más vulnerables. Un ejemplo significativo es la anulación de varios decretos relacionados con la atención de la emergencia social en La Guajira, una de las regiones más pobres del país. Estos decretos incluían medidas para garantizar el acceso al agua, mejorar la nutrición de los niños y fortalecer el sistema de salud en la región, pero fueron declarados inconstitucionales por la Corte.
Otro caso similar fue la anulación de artículos clave del Plan Nacional de Desarrollo, que afectaron la financiación de programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida en áreas rurales y marginadas. Estas decisiones judiciales no solo han frustrado las reformas propuestas, sino que también han exacerbado la crisis social que el gobierno buscaba abordar.
Lee además: Ministerio de Defensa de Israel confirma la compra del software espía Pegasus
Un camino incierto para las reformas
En este contexto, el gobierno de Petro enfrenta un desafío monumental para llevar a cabo su agenda de cambio. Las decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han paralizado muchas de sus iniciativas, y la posibilidad de avanzar en nuevas reformas parece cada vez más limitada. Mientras tanto, las tensiones entre el poder Ejecutivo y el Judicial continúan creciendo, dejando en el aire la posibilidad de que las promesas que llevaron al poder a Gustavo Petro y Francia Márquez en 2022 sigan encontrando obstáculos en organismos politizados y abiertamente en contra del mandato popular.
📢 Entérate de lo que pasa en Colombia, sus regiones y el mundo a través de las emisiones de RTVC Noticias: 📺 míranos en vivo en la pantalla de Señal Colombia y escúchanos en las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia 📻.
