En el marco de la semana de la lucha contra la violencia de género, un nuevo escándalo sacude a Medellín. La Procuraduría Provincial de Instrucción del Valle de Aburrá abrió una investigación disciplinaria contra el Personero Auxiliar de Medellín, Héctor Alfonso Gómez Trujillo, y otras dos personas vinculadas al proceso de contratación de Camilo Salas Santos, un comunicador social con un grave historial criminal y actualmente inhabilitado para ejercer cargos públicos.
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Los hechos bajo investigación
La polémica se desató a raíz de denuncias en redes sociales y medios de comunicación, donde se informó que Salas Santos fue contratado como comunicador social por la Personería de Medellín el pasado 18 de septiembre. El funcionario había sido condenado en 2016 por intentar asesinar a su expareja sentimental, quien estaba embarazada, en un brutal ataque con 30 puñaladas. Aunque cumplió parte de su condena, la Procuraduría le impuso una inhabilidad para desempeñar cargos públicos hasta el 13 de febrero de 2025.
Según el auto emitido por la Procuraduría, se detectaron irregularidades en la contratación de Salas Santos, incluyendo la posible falsificación de un documento público para alterar sus antecedentes en el sistema SECOP II, ocultando así su inhabilidad vigente. La situación ha generado indignación en la sociedad y críticas hacia la Personería, encargada de velar por los derechos humanos en la ciudad.
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Implicaciones legales y disciplinarias
La Procuraduría ha iniciado la actuación bajo el radicado E-2024-725402, señalando la responsabilidad de Gómez Trujillo, quien firmó el contrato de prestación de servicios, así como de Daniela Ardila Gómez y Angélica Guzmán, involucradas en el proceso de contratación.
Además, se investiga la falta de diligencia en la verificación de los antecedentes del funcionario por parte del equipo de contratación de la Personería. Una vez detectada la irregularidad, el contrato de Salas Santos fue terminado, y el funcionario encargado de la validación documental fue suspendido de sus actividades. Según el abogado penalista Juan David León, la contratación podría violar múltiples normas legales, incluyendo falsedad material en documento público y privado, además del régimen constitucional de inhabilidades.
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Reacciones de rechazo
Colectivos feministas y activistas de derechos humanos en Medellín han expresado su indignación, calificando la contratación de Salas Santos como un acto "aberrante" que contradice los esfuerzos por erradicar la violencia de género. "Esto envía un mensaje devastador a las víctimas de violencia machista, dejando en evidencia la falta de compromiso de nuestras instituciones", señaló Carolina Ramírez, vocera de un colectivo feminista local.
El escándalo ha avivado el debate sobre la responsabilidad ética de las instituciones públicas frente a la contratación de personas con antecedentes de violencia de género. La Personería, que debería liderar por ejemplo en la promoción de los derechos humanos, enfrenta ahora un grave cuestionamiento sobre sus políticas de selección y contratación.
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Silencio institucional
Hasta el momento, el personero de Medellín no se ha pronunciado de manera formal sobre las implicaciones legales y éticas de esta contratación. Sin embargo, el caso sigue siendo objeto de investigación por parte de la Procuraduría, que deberá determinar la responsabilidad disciplinaria de los implicados y establecer si hubo violaciones al régimen de contratación pública.
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