El presidente Gustavo Petro se pronunció recientemente sobre el escándalo de la cesión del predio Aguas Vivas en Medellín, cuestionando el papel de la Fiscalía Seccional en la investigación.
En su mensaje, el mandatario denunció que, en lugar de perseguir a los responsables de posibles irregularidades, las autoridades han puesto el foco en quienes denunciaron el caso: “Lo pérfido del caso ‘Aguas Vivas’ en Medellín es que los investigadores, en lugar de investigar a los denunciados, están investigando a los denunciantes”, afirmó el mandatario en cuenta de X.
Lo perfido del caso "aguas vivas" en Medellín, es que los investigadores de Medellín en lugar de investigar a los denunciados estan investigando a los denunciantes.
Lo mismo pasa con el caso del Pitufo, y con muchos casos más. Por eso capturan a los policías que si investigan,… https://t.co/bYkCUzEjo1— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 20, 2025
El caso tiene su origen en la administración de Federico Gutiérrez (2016-2019), cuando se aprobó la cesión de un terreno ubicado en la vereda Las Palmas para compensar obligaciones urbanísticas. En 2019, la Alcaldía de Medellín avaló el diseño de espacio público para el predio identificado con CBML 90040000909, con una extensión total de 130.958 m². La misma administración de Gutiérrez valoró el predio en 44 mil millones de pesos, según documentos oficiales de la época.
Sin embargo, cuando el caso se hizo público, el entonces exalcalde y hoy nuevamente mandatario de Medellín afirmó que el valor real del predio era de apenas 2 mil millones de pesos, negando cualquier irregularidad y acusando a su sucesor, Daniel Quintero, de manipular la información. La Fiscalía Seccional de Medellín, en lugar de investigar la gestión de Gutiérrez en esta transacción, inició un proceso contra Quintero, lo que generó un fuerte debate sobre la imparcialidad del ente acusador en la ciudad.
Las pruebas de Quintero: avalúo de Aguas Vivas se dio el gobierno de Gutiérrez
Ante este escenario, Quintero ha insistido en que la documentación oficial demuestra que el negocio se concretó bajo la administración de Gutiérrez y que, de haberse ejecutado en los términos denunciados, se habría intentado cometer una estafa contra el Fondo Inmobiliario de Medellín. “El alcalde Gutiérrez deberá responder ante las autoridades por estos hechos, pero también ante la ciudadanía por mentir”, señaló el exalcalde.
La documentación presentada por Quintero, que incluye oficios de la Alcaldía fechados en 2019, certifica que el valor del metro cuadrado del predio fue determinado en $971.004 para la zona urbana y $281.318 para la rural, cifras que respaldan el avalúo total de 44 mil millones de pesos. Estas pruebas contradicen la versión de Gutiérrez y evidencian una posible manipulación de la información para justificar la transacción a un valor sustancialmente menor.
Los ojos puestos sobre la Fiscalía
Este escándalo cobra aún más relevancia en un contexto en el que la Fiscalía Seccional de Medellín ha sido cuestionada por su accionar en casos de corrupción y persecución política que vinculan los Gobiernos de Quintero y Gutiérrez.
El cuestionamiento del Presidente se da en medio de la disputa entre las fuerzas políticas de la segunda ciudad más importante de Colombia. Situación que ha despertado la preocupación de la ciudadanía por la transparencia en la administración pública y la implementación de justicia.
