La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal transicional creado para abordar los crímenes del conflicto armado en Colombia, tomó la decisión de expulsar al sargento mayor (r) Ferney Ulmandín Causaya, condenado a 40 años de prisión por su responsabilidad en las desapariciones forzadas de Irma Franco Pineda, exguerrillera del M-19, y de los empleados del Palacio de Justicia Carlos Augusto Rodríguez y Bernardo Beltrán Hernández.
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Antecedentes del caso
El sargento mayor Causaya fue procesado por su participación en los hechos ocurridos durante la retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985. En ese trágico evento, decenas de personas desaparecieron tras ser retiradas con vida del edificio por parte de militares. Entre ellas estaba Irma Franco Pineda, quien había ingresado como guerrillera del M-19. Además, los trabajadores Carlos Augusto Rodríguez y Bernardo Beltrán Hernández también figuran entre las víctimas de desaparición forzada atribuida a agentes estatales.
En su versión ante la JEP, Causaya negó cualquier responsabilidad en los crímenes por los que fue condenado y sostuvo que sus actividades durante los días de los hechos se limitaron a recoger radios para la Casa del Florero. Además, aseguró que su función principal era recolectar inteligencia sobre el ELN y no sobre el M-19. Estas declaraciones se contraponen a la evidencia recopilada por la justicia ordinaria que determinó su responsabilidad penal.
Falta de aportes a la verdad y expulsión de la JEP
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP consideró que Causaya no cumplió con los compromisos necesarios para mantenerse en el sistema transicional. En el fallo se argumentó que su versión no aportó elementos nuevos ni relevantes para esclarecer los hechos o identificar a otros responsables. Además, su actitud y falta de colaboración fueron calificadas como una violación flagrante de los acuerdos exigidos para acceder a los beneficios del tribunal transicional.
En el fallo conocido, los magistrados enfatizaron: “Aunque describe sus actividades durante los días de los hechos, su versión no proporciona elementos nuevos ni relevantes que contribuyan a esclarecer su participación y la de terceros en las conductas frente a las cuales la justicia ordinaria determinó su responsabilidad penal, particularmente en las desapariciones forzadas ocurridas durante las acciones militares”.
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Implicaciones de la decisión
La expulsión de Ferney Causaya de la JEP reafirma el compromiso de este tribunal con la búsqueda de verdad y justicia. Además, envía un mensaje claro a los comparecientes: el acceso a beneficios está condicionado al cumplimiento de los principios de colaboración y sinceridad frente a los crímenes cometidos.
Para las víctimas y sus familias, esta decisión representa un paso significativo hacia el reconocimiento de sus derechos y la dignificación de su lucha por la verdad. Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez y Bernardo Beltrán Hernández son nombres que simbolizan la necesidad de no permitir que los crímenes del pasado queden en el olvido.
El caso de Causaya plantea reflexiones importantes sobre los retos y las oportunidades del sistema de justicia transicional en Colombia. La decisión de la JEP, en este contexto, fortalece la confianza en la justicia y respalda la construcción de un país más justo y en paz.
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