El general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, quien había sido condenado por el delito de desaparición forzada agravada.
La solicitud de revisión pretendía anular la condena que Arias Cabrales enfrenta por su responsabilidad en los hechos ocurridos tras la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
El oficial en retiro, quien solicitó su baja del Ejército en 1990, fue sentenciado en 2011 por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá a 35 años de prisión por su vinculación con el crimen de desaparición forzada. Esta condena fue confirmada en 2014 por el Tribunal Superior de Bogotá y en 2019 por la Corte Suprema de Justicia.
En noviembre de 2019, Arias Cabrales había solicitado su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero su solicitud fue rechazada. Su defensa presentó entonces un recurso de revisión ante la Corte Suprema, el cual también fue inadmitido.
Según el alto tribunal, el recurso no cumplía con los requisitos establecidos para su procedencia, lo que motivó la decisión de inadmisibilidad.
En su comunicado, la Corte explicó que existen diferencias en los requisitos para presentar una demanda de revisión en la justicia ordinaria y en la JEP.
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En el caso de la justicia ordinaria, como en este, es necesario un poder especial otorgado a un abogado para presentar la demanda.
Mientras que en la JEP, basta con que el abogado haya sido previamente reconocido en el proceso ordinario. Además, la Corte señaló que para que la revisión sea admitida en la JEP, se debe verificar que el acusado cumpla ciertos requisitos, como tener calidad de combatiente y comprometerse a reparar a las víctimas, condiciones que no son exigibles en la justicia ordinaria.
El caso de Arias Cabrales sigue siendo uno de los más emblemáticos en el marco de la justicia por los crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia.
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La Corte Suprema, al inadmitir la revisión de su condena, reafirma la vigencia de la sentencia que lo responsabiliza de graves violaciones a los derechos humanos, en un proceso que continúa generando debate en torno a la responsabilidad de los altos mandos militares durante la toma del Palacio de Justicia en 1985.
Con esta decisión, la Corte mantiene la condena de 35 años de prisión para Arias Cabrales,
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