Nuevas denuncias contra fiscal (e) Martha Mancera: una detención ilegal y seguimientos informales

Investigaciones periodísticas revelaron nuevas denuncias en contra de la Fiscal General encargada, Martha Mancera, quien quedó en el cargo en reemplazo de Francisco Barbosa y luego que la Corte Suprema de Justicia no eligiera aún a una de las ternadas por el presidente Gustavo Petro. Una de estas relevaciones, publicada por el medio ‘Cuestión Pública’, habla de la orden que se dio, desde la Fiscalía, en tiempos de Barbosa y con Mancera como vicefiscal, de la creación de un ‘microproyecto’; una unidad paralela que, de acuerdo a la investigación, actuaría para indagar a personalidades o asuntos incómodos para la Fiscalía, sin notificaciones judiciales. Lee además: Las evidencias que prueban que la vicefiscal Marta Mancera sí encubre a alias ‘Pacho Malo’ La unidad, según la revelación de ‘Cuestión Pública’, tendría un hombre clave: Ramiro Bejarano. ¿Por qué el nombre del columnista de El Espectador, abogado y profesor? Bejarano, según recuerda la denuncia, escribió una columna, denunciando que investigadores y analistas de la Fiscalía de Barbosa y Mancera indagaron ‘con suma obsesión’, su actuación como director del DAS en 1994, en el caso del magnicidio del líder político Álvaro Gómez Hurtado. Dijo Bejarano en su momento que a él nunca le notificaron de la apertura de un expediente para esas indagaciones, ni de la existencia de órdenes judiciales, ni el motivo concreto de las pesquisas. Cuestión Pública detalla lo que pasó con la revelación de la denuncia del columnista y la respuesta de la Fiscalía en su momento, explicando el por qué de las indagaciones a Bejarano, en el caso de Gómez Hurtado. Así, estos ‘microproyectos’, dedicados a indagar a personalidades y asuntos incómodos para la Fiscalía, permanecieron como trabajos informales, que se manejaban, según revela la investigación, desde el despacho de Martha Mancera. Puedes leer también: Hablamos con un investigador en el caso de la vicefiscal Marta Mancera Cuestión Pública, en su investigación, dice que tienen en su poder documentos, que confirman la información que obtuvieron, con los nombres de las indagaciones informales y con la confirmación de que respondían a la fiscal encargada Mancera. Entre estos microproyectos, sobresale otro que le hicieron, según la investigación, al ministro de Defensa Iván Velásquez, por el caso de los 79 policías que estuvieron retenidos por campesinos, en marzo del 2023. Estas indagaciones arbitrarias, resalta Cuestión Pública, solo habrían sido oficializadas en marzo del 2023, con la directriz 0002, dos años después del inicio de la ejecución de estos ‘Microproyectos’.

La detención ilegal de un campesino: orden de Martha Mancera

Vorágine revela este domingo que la fiscal encargada habría dado una orden judicial, que llevó a la captura  de Luis Arles Chalarcá Bedoya, quien fue detenido por el delito de rebelión, en el Queremal (Dagua, Valle del Cauca) y habría sido acusado con dudosas pruebas. Chalarcá, de acuerdo al expediente, duró 433 días encarcelado en la cárcel de Villahermosa en Cali. En su momento, se le señaló de ser colaborador del Frente 30 de las antiguas FARC, luego de que la hoy fiscal encargada, legalizara su captura, tras individualizarlo, junto con otras personas que fueron detenidas en aquel operativo. Todas ellas, trabajadoras del pueblo de Queremal, como Chalarcá Bedoya. De acuerdo a lo que investigó Vorágine, dos desmovilizados sumaron pruebas, diciendo que Luis Arles recibió entrenamiento en una finca durante tres meses, que se añadieron a unas supuestas fotografías de personas de la población, quienes pertenecerían a ese frente del grupo guerrillero. De acuerdo a la posterior investigación, estos testigos no aportaron pruebas suficientes de sus investigaciones y la justicia comprobó que Luis sí era trabajador, como instalador de televisión por cable. Además, la fiscal Mancera tenía videos en donde aparecía el capturado, grabado por, de acuerdo a Vorágine, agentes que simularon un censo comunitario del Sisbén, realizado con el fin de obtener registro forográfico de los ciudadanos de Queremal. Con las supuestas pruebas, la funcionaria vinculó a un proceso penal a Luis Arles y allanó su vivienda, en donde supuestamente se encontraron elementos como un pasamontañas, guantes y portaproveedores de pistola. La investigación revela que la justicia encontró inocente a Luis Arles, porque la Fiscalía no verificó la “la licitud y constitucionalidad de las pruebas” recopiladas para capturarlo. Es decir, todas las pruebas estaban ‘viciadas de nulidad y no podían ser objeto de valoración probatoria. Vorágine detalla otras determinaciones de la justicia, desvirtuando todas las pruebas que presentó Mancera en su momento y que comprobarían, que la ahora fiscal general encargada, legalizó su captura con pruebas obtenidas ilegalmente.