La Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas a tres altos funcionarios del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, involucrados en el escándalo de la ‘Yidispolítica’. Los exministros Sabas Pretelt de la Vega (Interior) y Diego Palacio Betancourt (Protección Social), junto con el exsecretario general de la Presidencia, Alberto Velásquez Echeverri, fueron hallados responsables de ofrecer sobornos a congresistas para asegurar la aprobación de la reelección presidencial en 2004.
La decisión ratifica la condena emitida en 2015, cuando los tres exfuncionarios fueron acusados del delito de cohecho por dar y ofrecer. El caso estalló en 2008, cuando la excongresista Yidis Medina confesó haber recibido prebendas burocráticas a cambio de su voto favorable en el Congreso. Este voto resultó clave para que el proyecto de reelección avanzara, lo que permitió a Uribe aspirar a un segundo mandato en 2006.
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Según la Corte, los acusados desempeñaron un papel determinante al coordinar los ofrecimientos ilegales a Yidis Medina y al entonces congresista Teodolindo Avendaño. La sentencia subraya que, sin la acción u omisión de estos congresistas, la iniciativa de reelección no habría prosperado. Los testimonios y pruebas recopiladas demostraron que los tres exfuncionarios actuaron de manera conjunta para garantizar el éxito del proyecto legislativo.
Penas entre cino y seis años y medio
Las penas ratificadas imponen seis años y medio de prisión para Pretelt y Palacio, además de una multa equivalente a 167 salarios mínimos mensuales y una inhabilitación de nueve años para ocupar cargos públicos. Velásquez Echeverri, por su parte, deberá cumplir una condena de cinco años y una multa de 83 salarios mínimos, además de una inhabilitación de siete años.
El proceso de ratificación se dio después de que, gracias a una tutela interpuesta por el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, la Corte permitiera una segunda instancia para aforados, como parte de las garantías procesales. No obstante, el alto tribunal mantuvo la tesis de la responsabilidad penal de los exfuncionarios.
Con esta decisión, el caso de la ‘Yidispolítica’ reafirma las consecuencias jurídicas de uno de los mayores escándalos de corrupción política en la historia reciente de Colombia.
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