El excanciller Álvaro Leyva Durán presentó una apelación contra la sanción de destitución e inhabilidad por 10 años que le impuso la Procuraduría General de la Nación. Este fallo disciplinario, según la defensa del exministro, está plagado de irregularidades que violan el debido proceso y afectan la imparcialidad de la decisión.
Razones detrás de la apelación
Leyva fue sancionado por presuntas irregularidades en la licitación pública para la expedición de pasaportes, que finalmente habría favorecido a la empresa Thomas Greg & Sons. Sin embargo, el excanciller argumenta que la licitación fue declarada desierta para garantizar principios como la selección objetiva y la libre concurrencia, en cumplimiento con la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado.
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En su documento de apelación de 164 páginas, la defensa de Leyva expone tres argumentos principales:
- Violación de las formas propias del juicio: El proceso disciplinario fue adelantado por un único procurador en lugar de la Sala Disciplinaria, y el fallo fue emitido solo por dos delegados, cuando la normativa exige la participación de tres.
- Falta de independencia e imparcialidad: Señalan una supuesta enemistad del procurador delegado Ernesto Espinosa con el gobierno actual, así como su cercanía con la empresa Thomas Greg & Sons, cuestionada en la licitación.
- Indeterminación del pliego de cargos: La defensa denuncia que los cargos en su contra fueron modificados en el fallo sancionatorio, lo que constituye una transgresión al debido proceso.
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Acusaciones cruzadas y el contexto político
Leyva calificó el fallo como "político y mezquino", acusando a la procuradora Margarita Cabello de favorecer a grupos de poder al margen del interés público. También reiteró que los pliegos de la licitación estaban diseñados para favorecer a una sola empresa, lo cual justificó su decisión de declarar desierta la licitación.
Por otro lado, la Procuraduría defiende que la sanción se basa en que el único oferente cumplía con los requisitos del proceso, lo que invalidaría la decisión de Leyva de anular la licitación. Además, la empresa Thomas Greg & Sons interpuso una demanda multimillonaria contra el Estado por dicha anulación, aunque esta fue suspendida en octubre pasado.
Lo que sigue para Leyva
Esta apelación representa el último intento de Leyva para revertir un fallo que considera injusto. El caso pone en evidencia tensiones políticas y jurídicas en torno a la contratación estatal y la función de los organismos de control. La Procuraduría tendrá ahora que responder a las acusaciones de nulidad, mientras se espera que esta controversia llegue a instancias superiores si persiste el desacuerdo.
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