Tras 11 meses de investigación, la Fiscalía evidenció como se triangularon los recursos que se usaron para el pago de coimas.
La Fiscalía con apoyo del FBI evidenció transacciones financieras en la banca internacional, subcontratos y otras maniobras que habrían sido usadas para mover los dineros destinados al pago de coimas dentro del caso Odebrecht.
Entre las personas imputadas por estos hechos están tres ciudadanos brasileños, dos españoles, un uruguayo y un fiscal delegado ante tribunal.
El trabajo de investigación tomo más de 11 meses y se logró identificar las maniobras usadas para intentar ocultar y darle apariencia de legalidad a los dineros que la constructora habría destinado para pagar coimas.
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Entre los imputados se encuentran el exsubgerente de estructuración INCO, David Eduardo Villalba Escobar; y los brasileños Amilton Hideaki Sendai y Manuel Ricardo Cabral Xinemes, representante legal principal y suplente, respectivamente, de la Concesionaria Ruta del Sol.
Según la Fiscalía, Villalba Escobar, durante 2009, suscribió varias resoluciones para presuntamente direccionar los procesos de evaluación y selección del consorcio que asumiría las obras del proyecto Ruta del Sol II. Finalmente, en enero de 2010, se celebró el contrato de concesión con la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, de la que hacía parte Odebrecht.
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Para garantizar esta adjudicación la constructora habría ofrecido y pagado 6,5 millones de dólares al exviceministro de Transporte y entonces director del INCO, Gabriel Ignacio García Morales. Para la Fiscalía, Villalba Escobar, con pleno conocimiento y voluntad usó el cargo para favorecer a la concesionaria.
Los imputados extranjeros dentro de las investigaciones por Odebrecht
También se imputarán los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos a brasileños Luiz Antonio Bueno Junior y Amilton Hideaki Sendai, funcionarios de Odebrecht en Colombia; y a los españoles José Díaz Vecino y Juan José Lago Novas Domingo Dulce, director gerente y director técnico, respectivamente, de la empresa española DCS Management.
En la investigación se estableció que Odebrecht Colombia suscribió un contrato ficticio de asistencia técnica desde el exterior con DCS Management, con el supuesto de consolidar una oferta técnica y presupuestal sólida para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol II. En contraprestación se pactó el pago de 0,9% del valor total del contrato.
La actividad prevista no se habría ejecutado y, sin embargo, meses después la multinacional brasileña realizó giros por 10’890.000 dólares, a través de un banco de Estados Unidos, a una cuenta que DCS Management tenía en Andorra.
Las pruebas demuestran que el 94% del dinero recibido por DCS Management se transfirió a la empresa Klienfeld, que hacía parte de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht Brasil, pero no estaba declarada ni reportada en los balances de la constructora.
Para la Fiscalía, este movimiento de recursos buscaba que la multinacional brasileña recuperara o reembolsara a sus cuentas los 6,5 millones de dólares que pagó al exviceministro de transporte García Morales.
Odrebrecht: Así se triangularon los recursos con los que se pagaron las coimas
De otro lado al ciudadano uruguayo Andrés Norberto Sanguinetti Barros, es considerado presunto responsable de los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.
Sanguinetti, como operador habitual de Odebrecht Brasil y en su condición de gestor de la banca privada de Andorra, diseñó el modelo de pago de la coima entregada por la constructora para la adjudicación del contrato Ruta del Sol II, y después permitió poner una millonaria suma en dólares a la cuenta de la sociedad española DCS Management y su posterior traslado a la empresa Klienfeld, que pertenecía a la multinacional brasileña.
Para este propósito, Sanguinetti Barros habría conseguido las empresas y abrió las cuentas que sirvieron para darle tránsito y ocultar el dinero, así como evadir los controles exigidos por la banca privada internacional.
Reconocido fiscal será imputado
Finalmente, también se imputarán los delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigo al fiscal delegado Daniel Ricardo Hernández Martínez.
En 2017, Hernández Martínez recibió de un juez de control de garantías siete órdenes de captura contra presuntos implicados en el entramado de corrupción de Odebrecht, tres de estas contra los brasileños Mauricio Marangoni Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki Sendai.
Sin embargo, el fiscal, al parecer, hizo una solicitud defectuosa de las citadas órdenes de captura y omitió darles trámite legal, por lo que estas no pudieron hacerse efectivas y tampoco pidió la expedición de notificación azul de INTERPOL para poder ubicar a los acusados fuera del país.
Es más, La Fiscalía asegura que Hernández Martínez, en su condición de fiscal adscrito al CTI, habría intimidado a Otto Nicolás Bula por su intención de querer servir como testigo contra otras vinculadas a las irregularidades desplegadas por Odebrecht. 
