La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aceptó una tutela interpuesta por su defensa en contra de la jueza Sandra Liliana Heredia, quien lideraba el juicio.
La decisión fue promovida por el magistrado ponente Jorge Hernán Díaz Soto y respaldada por sus colegas Carlos Roberto Solórzano Garavito y Fernando León Bolaños Palacios. Este fallo se suma a una serie de acciones legales que han retrasado el caso y que podrían llevar a su prescripción en octubre de este año.
Este es el perfil de los magistrados que tomaron esta determinación.
Jorge Hernán Díaz Soto
Díaz Soto ha ocupado varios cargos en la Rama Judicial, entre ellos juez penal, procurador judicial, magistrado auxiliar de la Corte Suprema y fiscal delegado ante la misma corporación. Sin embargo, su historial genera cuestionamientos. Fue parte del equipo de defensa de Andrés Felipe Arias, exministro condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. Además, su exjefe, Jorge Aníbal Gómez Gallego, fue ternado a fiscal general por Uribe en 2003, y su hijo, Carlos Andrés Gómez, es conjuez de la misma Sala Penal que hoy revisa el caso del expresidente.
También ha sido cercano al exfiscal Néstor Humberto Martínez, testigo a favor de Uribe, y en su etapa como fiscal, archivó un proceso contra Gabriel Jaimes, quien intentó cerrar el caso contra el exmandatario.
Uno de sus episodios más controvertidos fue su actuación en la investigación sobre la retoma del Palacio de Justicia en 1985, donde afirmó que no hubo desaparecidos, contradiciendo pruebas previas y generando críticas de las víctimas.
Carlos Roberto Solórzano Garavito
Solórzano llegó a la Corte Suprema en 2023. Ha sido coordinador académico en la Defensoría del Pueblo, conjuez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y de la Corte Suprema. Es cercano a la Universidad Sergio Arboleda, de la que han egresado figuras políticas del uribismo como Iván Duque, Francisco Barbosa y Carlos Camargo.
En 2022, Noticias Uno reveló que asistió a una reunión privada con el abogado Hernán Jiménez y el entonces defensor Carlos Camargo. Jiménez es el representante de Carlos Palacino, condenado por el escándalo de SaludCoop. Solórzano nunca aclaró si existía un conflicto de interés en caso de que el caso Palacino llegara a la Corte.
Fernando León Bolaños Palacios
Con más de 30 años en la Rama Judicial, ha sido fiscal seccional, coordinador de fiscalías en Bogotá y magistrado auxiliar de la Corte Suprema. Es considerado el más conservador de los tres magistrados que suspendieron el juicio contra Uribe. Desde 2018, ha conocido procesos contra el expresidente relacionados con paramilitarismo y masacres, sin que estos avancen significativamente.
Reemplazó al exmagistrado Gustavo Malo, condenado en el escándalo del "Cartel de la Toga". Consultado sobre su participación en la suspensión del juicio, no respondió.
El juicio contra Diego Cadena, el ‘abogángster’ de Uribe
Mientras el proceso contra Uribe enfrenta demoras, el juicio contra su exabogado, Diego Cadena, avanza. Cadena está acusado de fraude procesal y soborno a testigos, y su papel ha sido clave en la defensa del expresidente.
Antes de 2018, Cadena era poco conocido en la esfera política, pero tenía vínculos cercanos con Uribe. Autodenominado “abogángster”, construyó su carrera defendiendo a narcotraficantes como Diego Montoya Sánchez ("Don Diego"), Dairo Antonio Úsuga ("Otoniel") y Víctor Patiño Fómeque ("La Fiera").
Interceptaciones telefónicas reveladas en el proceso han sido clave para la acusación. En ellas, se escucha a Cadena ofreciendo beneficios a testigos para que modificaran sus declaraciones en favor de Uribe.
Las visitas a las cárceles y la manipulación de testigos
Según la Fiscalía, Cadena visitó en múltiples ocasiones la cárcel La Picota en 2018. Su objetivo era convencer a Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso contra Uribe, para que se retractara de sus declaraciones sobre los presuntos vínculos del expresidente con grupos paramilitares.
Las visitas ocurrieron el 21, 22 de febrero y el 20 y 26 de marzo de 2018. Monsalve grabó en secreto las conversaciones con Cadena, en las que el abogado le promete beneficios y redacta una carta de retractación.
Simultáneamente, Cadena operaba en la cárcel de Palmira, donde convenció al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias "Víctor", de modificar su testimonio a cambio de dinero. Vélez ha declarado que recibió pagos en efectivo y promesas de ayuda judicial.
Las interceptaciones y el vínculo con Uribe
Las conversaciones entre Cadena y Uribe fueron interceptadas y constituyen prueba fundamental en el caso. En ellas, el expresidente recibe reportes constantes del abogado sobre sus gestiones con testigos.
La defensa de Uribe busca distanciarlo de Cadena, argumentando que actuó sin su autorización. No obstante, los audios muestran lo contrario: Uribe tenía conocimiento detallado de cada movimiento de su abogado.
El juicio contra Diego Cadena se reanudará el 23 de abril y podría ser clave para determinar si existió una estrategia de manipulación de testigos en beneficio de Uribe. Mientras tanto, el país espera la decisión del próximo 26 de marzo, cuando se definirá si la jueza Sandra Liliana Heredia continuará en el caso Uribe o si será apartada.
Con la fecha de prescripción del caso cada vez más cerca, las demoras y maniobras judiciales generan incertidumbre sobre si el expresidente enfrentará finalmente un juicio.
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