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21 personas fueron judicializadas, por red que salpica al senador Mario Castaño

Foto: Fotos: twitter @MarioCasPe
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Hasta el momento se han verificado 114 contratos, que superan en monto los 112 mil millones de pesos.

El fiscal Francisco Barbosa confirmó que en la tercera fase de investigación que se sigue contra la presunta red de corrupción liderada por el capturado senador Mario Castaño, 21 personas fueron judicializadas, entre las que se encuentran siete alcaldes, cuatro funcionarios públicos y 10 contratistas. Dentro de las personas judicializadas, según el fiscal Barbosa, 13 aceptaron cargos, entre ellos los alcaldes de Piendamó y Suárez, Cauca; la Merced y Villamaría, Caldas; y Alcalá, Valle del Cauca. “Este grupo de personas destinaba recursos que alcanzaban entre 1.000 y 4.000 millones de pesos para hacer obras civiles como pavimentar calles, alcantarillados, parques”, dijo el fiscal Barbosa.

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En la investigación contra de la presunta red de corrupción del senador Mario Castaño, sería la responsable de la apropiación de parte de los dineros girados a los municipios para cubrir diferentes proyectos de infraestructura o garantizar el suministro de bienes y servicios para la ciudadanía. Permitieron identificar posibles irregularidades en 47 contratos que, en valor, superan los 46.305 millones de pesos, de acuerdo, con el material probatorio, el senador de la República, a través de colaboradores, lograba que las entidades del orden nacional asignaran recursos a las regiones. Foto: twitter @MarioCasPe La Dirección Especializada contra la Corrupción, en conjunto con el CTI, lograron la captura y judicialización de estas 33 personas que estarían involucradas en la red corrupción. Hasta el momento se han verificado 114 contratos, que superan en monto los 112 mil millones de pesos. Según estos organismos las actividades investigativas continúan en el caso de corrupción del senador Mario Castaño.

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Caso senador Mario Castaño en: Caldas, Cauca, Valle del Cauca y Tolima:

Piendamó (Cauca)

La evidencia recopilada da cuenta de que servidores públicos y particulares se habrían articulado para que 12 proyectos de infraestructura, suscritos por la Alcaldía y la empresa de servicios públicos municipal, quedaran en manos de unos contratistas previamente definidos. Aquí se comprometieron más de 11.520 millones de pesos que estaban destinados a obras de impacto en el municipio como es la renovación del parque principal. Este proyecto tuvo un costo de 3.856 millones de pesos.

Suárez (Cauca)

El alcalde municipal, Ronal Villegas Orlas; y la secretaria de planeación Sandra Samara Sarria Erazo, al parecer, incurrieron en supuestas anomalías en la celebración de cuatro contratos por  valor de 6.636 millones de pesos. La investigación establece notorias irregularidades en un contrato por valor de 1.047 millones de pesos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio. Además, se indagó por la construcción de una cancha con grama sintética y graderías que tuvo un costo de 2.625 millones.

Aguadas (Caldas)

La Alcaldía de Aguadas (Caldas) celebró dos contratos por un monto de 1.563 millones de pesos  con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta Quindío. El objeto era el mantenimiento y la repavimentación de vías terciarias. En total se investigan 15 contratos por valor de 4.747 millones de pesos.

Villamaría (Caldas)

Contratos por un valor de 13.981 millones de pesos fueron entregados en medio de posibles inconsistencias en las fases precontractual y de ejecución. Se trata de contratos para proyectos de impacto social como la construcción de un acueducto veredal por valor de 12.000 millones de pesos; la construcción de canchas múltiples, y el cambio de alcantarillado y pavimentación de una calle principal en el centro de la población, estos dos contratos por un valor de 1.981 millones.

La Merced (Caldas)

El alcalde de La Merced (Caldas), Jhonattan Manuel Vásquez Duque; y la exsecretaria de planeación del municipio, Diana Agudelo Rincón fueron capturados y presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. El alcalde habría intercedido en la adjudicación de ocho contratos, cuyo valor superaban los 3.460 millones de pesos.

Alcalá (Valle del Cauca)

La evidencia obtenida indica que se presentaron actos ilícitos en la celebración de tres contratos, que ascendieron a 4.702 millones de pesos. Se destacan las irregularidades presentadas en el contrato para la construcción de obras de estabilización de taludes en el sector conocido como Bélgica que tuvo un costo de 4.533 millones de pesos.

Armero Guayabal (Tolima)

Por el presunto desacato de principios esenciales contenidos en las normas que regulan la contratación pública se habrían puesto en riesgo 1.250 millones de pesos, que correspondían a un contrato para una obra de infraestructura y movilidad que adecuaba espacios de esparcimiento, convivencia y la cultura en el municipio.   Con información de Colprensa.